“¿Qué está pasando en nuestros estados -se preguntó la titular de la ONG Cladem en Argentina, Milena Páramo Bernal- que permiten que nuestras niñas tengan que interrumpir dramáticamente su normal desarrollo, su escuela, su vida, para afrontar embarazos que no eligieron y aparte se les niega, dificulta, demora u obstaculiza el derecho de interrumpirlo?”.
Frente a esto, la entidad reclamó “diseñar políticas públicas para prevenir el embarazo y la maternidad infantil forzada, y empoderar a las niñas y brindarles educación sexual, acceso a servicios de salud reproductiva y asesoramiento psicológico y legal”.
Otro de los pedidos que Cladem realizó a los responsables estatales es “brindar el servicio de aborto seguro para las niñas en caso de violación. En este sentido, la entidad advirtió que en Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, no se puede acceder a la práctica.
“Así, coexiste violencia sexual y en muchos casos riesgos de salud para la mujer. En Argentina, en donde la violación es causal para la interrupción legal, igualmente subsisten diversos obstáculos para lograr esta práctica”, analizó la especialista.
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