Preparan en Brasil un plan alternativo de gobierno por si Dilma es destituida

El Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ya está trabajando en políticas como amplios recortes al gasto social si la presidenta Dilma Rousseff, su socia de coalición, enfrenta un juicio político y eso lleva a la formación de un nuevo Gobierno, según informó ayer el diario Estado de Sao Paulo. Los opositores de Rousseff quieren realizar un juicio político en su contra debido a acusaciones de que manipuló las cuentas del Gobierno. El líder del PMDB, el vicepresidente Michel Temer, asumiría la presidencia si ella es destituida. Muchos también culpan a Rousseff por llevar a la economía a su peor recesión en al menos 25 años, y este mes hubo enormes protestas en su contra en todo el país. La crisis política se agravó por una extensa investigación por corrupción en la empresa estatal Petrobras.

RECORTES SOCIALES

El PMDB, el partido más grande de Brasil, está considerando cambios en los beneficios sociales, incluido un gran programa de viviendas, en una campaña para reducir el gasto y restablecer el equilibrio fiscal. “Estamos viendo medidas que podrían beneficiar a la población, y al mismo tiempo lograr un equilibrio fiscal y mantener saneadas las cuentas del Gobierno”, afirmó Wellington Moreira Franco, un ex ministro de Rousseff, a cargo de armar un paquete de posibles medidas, según informó el periódico.

Rousseff, quien dice que no renunciará a su cargo, enfrenta disturbios luego del abrupto fin del auge de una década de las materias primas, que impulsó un vertiginoso crecimiento y un mayor gasto social. Uno de los potenciales cambios que evalúa el PMDB se vincula al plan de viviendas “Minha Casa, Minha Vida”, que recibe grandes subsidios del fondo federal de Garantía de Servicios ( FGTS), originalmente destinado a compensar a trabajadores despedidos. Otras posibles medidas incluyen recortes a un programa para financiar las matrículas universitarias, la eliminación de exenciones tributarias a algunos sectores industriales, y limitar la “Bolsa Família”, una política social apoyada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en los últimos años, para aplicarlo sólo al 10% más pobre de la población, que vive con menos de 1 dólar al día.