Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron ayer operativos de control fiscal en la sede del Casino de Buenos Aires, en el barrio porteño de Puerto Madero, y en el Banco Finansur, ambos propiedad del empresario Cristóbal López.
Fuentes del organismo informaron que alrededor de 80 inspectores fueron al Casino Flotante que está en la zona de Puerto Madero y realizaron verificación de la situación del personal, arqueo de caja, inventario y seguimiento de cheques por montos superiores a 100.000 pesos.
BANCO FINANSUR
Por otra parte, la AFIP le pidió al Banco Finansur documentación de la venta del 70% de su paquete accionario a Indalo Entertaiment Group, operación que se realizó en marzo del 2012 y que se aprobó recién en mayo de 2015.
Estos operativos se concretan luego de que la dependencia fiscal presentara hace dos semanas una denuncia penal contra los titulares del denominado Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
“El presunto delito se basaría en que habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, informó en esa oportunidad la AFIP a través de un comunicado.
A esto se suma la decisión del Gobierno nacional de intervenir la concesión de la ruta Ezeiza-Cañuelas, que estaba a cargo de empresas relacionadas con Cristóbal López, por presuntos “incumplimientos de obligaciones” con el Estado, entre otras cuestiones.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, informó que “el miércoles salió (desde su cartera) la nota de intervención de ese corredor”, en declaraciones radiales.
“Lo intervenimos para que, a partir de lo que estamos haciendo, no haya desvío de fondos en la empresa en el manejo del día a día”, explicó el funcionario.
Según el ministro, el empresario “incumplió sus obligaciones, muchas”, con el Estado, pero dijo que “la más evidente” fue que no pagó la parte de la tarifa del peaje que pagan los usuarios que corresponde al llamado recursos de asignación específica, también conocido como “RAE”, que se utiliza para financiar obras a través de Vialidad Nacional.
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