El acuerdo alcanzado entre los docentes y el Gobierno bonaerense que permitió un normal inicio de clases en la Provincia conforma, por si solo, un paso positivo que, además, autoriza a suponer que a lo largo del ciclo lectivo 2016 los millones de estudiantes que concurren a los distintos niveles podrán ver garantizado, en forma integral, el derecho a aprender, sin las interrupciones habituales que, lamentablemente, vinieron condicionando el dictado de clases en años anteriores.
Se ha registrado en esta oportunidad un tránsito normal entre el fin de las vacaciones y el regreso a las aulas. Después de poco más de dos meses de receso pudo verse este lunes, tanto en nuestra ciudad como en el resto del territorio provincial, el movimiento propio del inicio de clases, que nuclea la actividad siempre intensa de los docentes, la emoción de los padres y la expectativa de los chicos.
Tal como se detalló en la nota publicada en este diario, también regresó el intenso movimiento de vehículos que produce, sobre todo en los sectores céntricos de la Ciudad, la vuelta a las aulas de miles de niños y jóvenes. En torno a cada escuela la circulación de vehículos recuperó la intensidad de los días hábiles en horarios “pico”, y al bullicio de los chicos se le sumó el sonido de los motores de autos, micros y transporte escolar y de los bocinazos que se escuchan en momentos de embotellamiento.
Lo cierto es que lo que había ocurrido hasta ahora -una vez más, aunque en esta oportunidad con una resolución positiva- había sido otro proceso potencialmente conflictivo entre las partes en pugna que, afortunadamente, obtuvo una resolución fructífera. De allí que, en ese contexto, corresponda exaltar el acuerdo alcanzado, algo que abre perspectivas ciertas de que en se regularice el servicio educativo y se cumpla con la pauta de 180 días de clases.
Existe coincidencia en todos los sectores acerca de que cada jornada de clase que se pierde no se recupera. Pensar que se puede garantizar la misma calidad educativa con paros que sin paros; con docentes en las aulas o sin docentes en las aulas, es lisa y llanamente una falacia. Por eso se ha dicho muchas veces aquí que la continuidad de los paros tiene como directa consecuencia el hecho de resentir a la escuela pública, de tornarla menos previsible y más vulnerable. En nombre de un mejor sistema educativo, lo que se hace es empeorarlo y degradarlo.
También se ha señalado reiteradamente que los salarios de los docentes son un factor determinante de la calidad educativa. No es posible aspirar a que exista una escuela de excelencia sin que los maestros estén bien remunerados y se encuentren jerarquizados profesionalmente. Los planteos gremiales que apuntan a esos propósitos son, desde luego, atendibles, pero, como se ha expresado aquí en muchas oportunidades, deberían hallarse fórmulas de reclamo que no se traduzcan en que los estudiantes paguen los costos. Mirado en profundidad, por el valor definitorio de la calidad de vida que implica la educación, nada justifica que las aulas permanezcan cerradas.
Hace tiempo que los ciclos lectivos en la Argentina se ven afectados en su continuidad y, como corolario de ello, en la calidad intrínseca del servicio que merecen los millones de estudiantes que asisten a los distintos niveles. Obligada por distintas circunstancias, la escuela pública debe atender múltiples carencias socioeconómicas y, al mismo tiempo, resolver los evidentes problemas salariales y laborales que afectan a los docentes. Es de esperar, entonces, que en el actual ciclo lectivo puedan encontrarse respuestas para esas demandas y que, asimismo, se vea garantizado el pleno derecho de aprender de los alumnos, sin interrupciones de ninguna naturaleza.
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