A falta de un marco legal, la donación de semen (como todas las demás prácticas de fertilización asistida) se rige hoy en nuestro país por recomendaciones de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER). Y aunque nadie está obligado a seguirlas, tanto las clínicas de fertilidad como los bancos de esperma se guían por sus preceptos, que están basados a su vez en estudios de validez internacional.
Es así que cuando el semen de un donante da por resultado un embarazo, las clínicas suelen dejar constancia de ello en un registro propio para evitar que esa persona ayude a concebir más de cierto número de bebés. La fórmula que se aplica en general es de hasta veinte nacimientos por donante por cada millón de habitantes. Pero nadie está obligado a respetarla y los centros tampoco entrecruzan su información, por lo cual existe hoy un riesgo considerable de que dos medio hermanos formen pareja entre ellos sin saber.
Lo mismo ocurre con los datos de los donantes. Aunque muchos centros conservan esa información para el caso hipotético de que se presente una necesidad médica mayor (como encontrar un donante de médula compatible), no siempre sucede así. Se han difundido ya diversos casos de personas gestadas con gametas de donantes que al intentar conocer su origen no pudieron hacerlo porque las clínicas de fertilidad desaparecieron o no se preocuparon por conservar esa información.
Más allá de que nadie se los exige, la razón por la cual algunos centros de fertilidad no conservan datos de los donantes -según reconocen en el rubro- responde al principio de anonimato que rige la donación. Y es que en general los donantes firman un contrato con los bancos y clínicas para asegurarse de esta forma que en un futuro nadie les reclame su paternidad.
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