El gobierno de Rousseff, en uno de sus momentos más difíciles

BRASILIA.- El mayor partido político de Brasil anunció ayer su salida de la coalición de la presidenta Dilma Rousseff y el retiro de sus miembros en el Gobierno, una decisión que complica la lucha de la mandataria contra un proceso de juicio político en el Congreso.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tardó apenas tres minutos para decidir de forma unánime que sus seis ministros en el gabinete de Rousseff y cualquier otro miembro del partido con funciones gubernamentales (se calcula que hay 600 empleados federales de esa fuerza política) deben renunciar.

“En este día histórico para el PMDB, el partido se retira del gobierno de base de la presidenta Dilma Rousseff y nadie en el país tiene la autorización para tener un cargo en el gobierno federal a nombre del PMDB”, dijo el influyente senador Romero Juca ante vítores y aplausos de seguidores luego de que la decisión fuera aprobada.

Bajo el sistema presidencial local, Rousseff seguirá en el cargo, pero la ruptura incrementa las probabilidades de que sea sometida a juicio político en el Congreso en pocos meses, situación que colocaría al vicepresidente y líder del PMDB Michel Temer en el sillón presidencial.

Rousseff ha rechazado las acusaciones de irregularidades y afirmó que el intento para someterla a un juicio político es un golpe de Estado. La oposición está presionando por su juicio político por supuestamente incumplir las leyes presupuestarias al incrementar el gasto en la carrera hacia su reelección en 2014.

Los esfuerzos opositores tomaron impulso de la mano de más de un millón de brasileños que salieron a las calles este mes para protestar por la peor recesión que sufre el país en décadas y por un vasto escándalo de corrupción en la estatal Petrobras que ha manchado al círculo íntimo de la presidenta.

La pérdida por parte de Rousseff de su principal socio podría empujar a que partidos más pequeños abandonen también el Gobierno, dejando a la presidenta cada vez más aislada mientras el proceso por su destitución se acerca a su primera votación, algo que podría ocurrir a mediados de abril. Una reciente encuesta de la prestigiosa agencia Datafolha dice que el 68% de los encuestados quiere que los legisladores voten por iniciar el juicio político contra Rousseff, pero sólo el 11% cree van a estar mejor bajo un gobierno de Temer.

Temer ha sido acusado de estar involucrado en el entramado de corrupción de Petrobras así como otras dos figuras políticas en línea para suceder a la mandataria -los líderes de la Cámara de Diputados y el Senado, Eduardo Cunha y Delcidio Amaral, ambos miembros de PMDB. Los tres niegan las acusaciones.

El probable juicio de Rousseff es sólo una parte de la amplia crisis que vive Brasil. La economía se contrajo un 3,8% en 2015 y está en camino a su peor recesión de dos años en más de un siglo, mientras el Gobierno lucha contra una epidemia del virus del Zika y se prepara para los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.

Rousseff canceló su viaje a la cumbre de seguridad nuclear en Washington por la crisis política. La presidenta necesita del apoyo de 171 miembros del Congreso -o un tercio de la cámara baja- para bloquear el juicio político. Incluyendo aliados como el Partido Progresista (PP), el Partido Republicano y el Partido Social Demócrata, el Gobierno cree que puede sumar 180 votos. Sin embargo, el PP se reunirá hoy para decidir si abandona la coalición gubernamental.