Intervención judicial a tres empresas de Cristóbal López

El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo, de Cristóbal López y ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario y su socio, Fabián De Sousa.

“Se desprende de las constancias obrantes en autos que Oil Combustibles SA adeudaría a la Administración Federal de Ingresos Públicos la suma de 7.665.771.438,63 pesos originada casi en su totalidad en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966)”, consignó el magistrado.

La medida cautelar, que había sido solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), indicó también que la intervención se mantendrá hasta tanto se cancele la deuda.

A la vez, el juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S y Oil M&S SA “se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo”, pues “el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal”.

Así como tampoco, ordenó el juez, que ninguna de aquellas compañías resuelvan nada con respecto a “el crédito fiscal” que Oil Combustibles SA “mantiene con el Fisco Nacional en concepto de Impuesto sobre la Transferencia de Combustibles. Ley 23.966”.

Furnari dio por acreditado en principio que “la actuación” de las tres compañías de López “frente a la Afip parecería, en principio, violar el deber de obrar con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria, en frustración de sus derechos”.

“La eventual responsabilidad solidaria de las sociedades controlantes de Oil Combustibles SA frente a las deudas fiscales contraídas por ésta para las inversiones de aquéllas, llevan a dictar una medida cautelar que impida su inminente escisión del grupo económico al que pertenece”, añadió.

Esto significa que el Grupo Indalo no podrá ser desguazado, como pretenden López y De Sousa para repartirse las diversas compañías.

Para el cargo de interventor, veedor e informante, el juez nombró al contador público nacional y perito judicial Marcelo Fabián Manograsso, quien, entre otras cuestiones, deberá informar sobre “los activos de la sociedades demandadas, la valuación fiscal de los bienes inmuebles y muebles registrables, créditos e imposiciones bancarias”.

DEFENSA

Justamente ayer, el Grupo Indalo, a través de una solicitada publicada en varios medios porteños, salió a defenderse de las acusaciones, sostuvo que se trata de un hecho “de carácter eminentemente político” y que “las operaciones de crédito existente” entre Oil Combustibles y el holding “en ningún caso tuvieron como destino el patrimonio personal de los accionistas”.

Y en uno de los ítems de la solicitada, Indalo explicó que se acogió a las leyes en vigencia sobre los planes de la Afip.