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Bonos a 5, 10 y 30 años para pagar la deuda

El Banco Central, uno de los actores en la compleja ingeniería para el acuerdo con los buitres

Por Redacción

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, expuso durante varias horas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, anticipó que a mediados de abril, una vez que cuenten con el acuerdo del Congreso, el Gobierno buscará emitir bonos a 5, 10 y 30 años de plazo. Con esos fondos, se les pagará a los fondos buitre que acordaron en el juzgado de Thomas Griesa. Caputo estimó que la tasa promedio que conseguirá la Argentina en esa primera emisión sería del 7,5%.

La reunión -que comenzó a las 11.30 y es presidida por los titulares de Presupuesto, Luciano Laspina, y de Finanzas, Eduardo Amadeo- es la primera que se hizo para debatir el acuerdo con los holdouts, en tanto el lunes expondrán economistas y dirigentes propuestos por la oposición. El martes se estima que el oficialismo buscará emitir dictamen.

En un salón atestado de legisladorse, asesores y periodistas (más de 150 personas en total) Prat Gay descibía a los legisladores los términos del acuerdo, y subrayaba que es muy diferente una negociación de canje, como la que llevaron adelante los gobiernos de Néstor Kirchner (2005) y Cristina Kirchner (2010) y una en la que los demandantes (los holdouts) tienen sobre la mesa un fallo a favor de sus reclamos, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Junto a Prat Gay estaba el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el titular de la Comisión de Finanzas, el diputado del PRO Luciano Laspina.

La estrategia del Gobierno es tomar deuda para saldar la deuda con los holdouts a partir del acuerdo que implicaría una quita del 15 por ciento sobre el total de lo reclamado.

Para que esta estrategia se pueda llevar adelante, es necesario que antes el Congreso derogue la ley cerrojo (que impide reabrir el canje de bonos) y la de pago soberano, que impide pagar a los bonistas fuera de la jurisdicción nacional. Lo que se negocia ahora es esa decisión legislativa. Los tiempos corren porque hay que definir antes del 14 de abril, según el plazo de Griesa.

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