Para el diseño de la estrategia económica del gobierno nacional, un acuerdo con los holdouts es condición necesaria. Se apuesta a que, el país fuera del default, podrá conseguir fondos en un monto más amplio y a una tasa más baja que hasta ahora, lo que entre otras cosas le posibilite reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria, que consideran como el principal factor que genera el desborde inflacionaria.
En ese sentido, la consultora Management & Fit destaca que habiendo avanzado con el proceso de reinserción de Argentina en el mundo, el oficialismo estima que el flujo de inversiones hacia el país se incrementará. Los efectos positivos esperados por el Gobierno de este escenario son múltiples.
Por un lado, la disponibilidad de financiamiento externo (que también beneficiará a las provincias) reducirá la preeminencia fiscal de la política monetaria y le dará margen de maniobra al Banco Central para aplicar políticas antiinflacionarias. Por otra parte, la afluencia de dólares oxigenará el mercado cambiario y contribuirá a tranquilizar el tipo de cambio, indirectamente ayudando a contener la inflación. Por otro lado, la llegada de inversiones amortiguará el impacto del ajuste monetario, cambiario y fiscal sobre el nivel de actividad, que también podría verse favorecido (cerca de fin de año) por una eventual baja de la inflación y estabilidad del dólar. Básicamente, se espera conseguir fondos para financiar una transición que será lenta por definición y difícil por sus efectos iniciales.
Lo cierto, es que la consultora considera que la apuesta del Gobierno es bastante ambiciosa y no hay garantías de éxito. Si el conflicto con los holdouts no se cierra o si los beneficios esperados no se materializan rápidamente, la economía atravesará un 2016 más complicado.
En el caso de que el financiamiento externo resultase insuficiente Macri se verá obligado a recortar más el gasto, profundizando y prolongando el bajón de actividad; a recurrir al Banco Central para cubrir la diferencia, con consecuencias sobre la inflación; o una combinación de ambas. Además no se descarta volver a pedir financiamiento al Fondo Monetario Internacional, que traerá recursos a tasas bajas, pero que deberá sortear una dificultosa aprobación legislativa, tanto como el acuerdo que ahora se busca aprobar con los fondos buitre.
Por otra parte, la incertidumbre respecto al rumbo de la economía se mantendría elevada y las inversiones no llegarían con el ímpetu que espera el Gobierno. En síntesis, escasa entrada de divisas, más inflación, devaluación y recesión.
UNA POSIBILIDAD
Lo cierto es que para otra consultora, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), luego de casi 15 años de la cesación de pagos de la deuda pública argentina y de 11 años del canje de deuda más grande de la historia del país, el gobierno nacional logró sellar un acuerdo con los holdouts, es decir aquellos acreedores que no habían aceptado entrar en la reestructuración de la deuda del año 2005 ni en la reapertura del canje del 2010.
El panorama se había complicado para la Argentina en el año 2012, a partir del fallo del juez Thomas Griessa, que obligó a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a los fondos de acreedores (NML Capital, Aurelius y un grupo minorista). En 2013, la Argentina presentó una nueva oferta de canje a los holdouts, bajo condiciones similares a las otorgadas en los canjes del 2005 y 2010. Dicha oferta fue rechazada por el grupo de bonistas, que no aceptaron una quita y reestructuración de la deuda sino que reclamaban el pago en efectivo del 100% del valor original, más los intereses devengados.
A partir de entonces, se inició una etapa de embargos, apelaciones, y de nuevos fallos adversos para el país, que desembocaron en un default técnico para la Argentina, con consecuencias altamente negativas no solo por los nuevos costos que estos hechos generaron, sino porque implicaron el cierre prácticamente total al acceso al financiamiento internacional para el sector público y para el sector privado.
Las estadísticas oficiales exponen que el monto de la deuda no presentada al canje ascendía en septiembre de 2015 a unos 11.550 millones de dólares en concepto de capital e intereses, si bien aclara que esta cifra no incluye intereses punitorios, con lo cual se estaría hablando de un monto de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
En términos del monto total de la deuda, los 11.500 millones millones representan aproximadamente un 5% del stock, considerando que a septiembre del 2015 la deuda del Sector Público Nacional ascendía a unos 251.500 millones de dólares (240.000 millones en situación de pago normal y 11.500 por holdouts).
Con relación al PBI, a septiembre del 2015, el stock total de deuda representaba un 45,8%, mientras que el monto de holdouts alcanzaba un 2% del PBI. De considerarse los intereses y punitorios, el monto total representaría entre un 3% y un 4% del PBI (ver gráfico).
El arreglo supone una quita del 25% sobre la sentencia de la deuda. Si bien esta quita es menor que la de los canjes previos, los fondos buitres reclamaban el 100% del pago, con lo cual indica en alguna medida un acuerdo intermedio entre ambas partes
En definitiva, para poder crecer, el país requiere de financiamiento para inversiones. El arreglo con los holdouts abre nuevamente esta posibilidad para el país, concluye Iaraf.
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