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No es la Argentina un país que acostumbre a darle entidad al debate parlamentario. Al contrario, la historia marca una fuerte tradición presidencialista, con una saga de usos y abusos del poder que generalmente prescindió del Congreso de la Nación. Y que convirtió a los diputados y senadores en simples “levantamanos” o en ineficaces opositores testimoniales.
Ese esquema se replica en otros estamentos institucionales, como las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales. Pero el nuevo tiempo político que se abrió con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional puede alterar ese gen constitutivo, ya que el Ejecutivo no cuenta con mayorías propias y necesita de alianzas para sancionar leyes.
El mejor ejemplo de esta situación lo ofrece por estos días lo que se podría considerar como la norma fundacional de la presidencia de Macri: la propuesta oficial para derogar la Ley Cerrojo, que permitiría al gobierno cerrar el acuerdo con los “holdouts” y declarar el fin del “default” abierto en la crisis de 2001. En definitiva, es un paso para reinsertar al país en el mundo.
Por eso, a excepción del kirchnerismo y de algunos bloques de izquierda, la mayor parte de la clase dirigente está de acuerdo con brindarle al gobierno las herramientas necesarias para clausurar el litigio con los denominados “fondos buitre”. Pero el debate de la iniciativa encierra algunos aspectos que resultan fundamentales para comprender el novedoso marco político.
Como el macrismo y sus socios radicales no suman los votos necesarios para aprobar el proyecto, deben recurrir a la anuencia de massistas, peronistas no kirchneristas y bancadas de representación provincial, como los puntanos de Adolfo Rodríguez Saá o los neuquinos del MPN. Entonces, cada uno de esos sectores expresa sus demandas al gobierno nacional.
Massa reclama la modificación de las escalas del impuesto a las Ganancias, que el Presidente no plasmó en su último anuncio sobre el polémico gravamen. Y los justicialistas respaldan el pedido de los gobernadores del PJ para que la Nación establezca un cronograma preciso de devolución del 15% de los fondos previsionales que quitó a las Provincias desde el 2009.
En la mesa chica de la Casa Rosada, Macri estableció que el cierre del conflicto con los “buitres” no debe convertirse en un “plan canje” con otras fuerzas políticas. Pero lo cierto es que sus laderos -ejecutivos y legislativos- ya iniciaron negociaciones para garantizarse la conformación de esas mayorías, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Esas conversaciones, reservadas por el momento, tendrán alguna conclusión visible en las próximas semanas. De todos modos, el gobierno y sus espadas parlamentarias trasladan a sus interlocutores un mensaje inquietante, a modo de advertencia: “Si no cerramos este capítulo y no podemos endeudarnos, el ajuste va a ser peor” de lo que viene siendo hasta el momento.
En ese contexto, la sequía fiscal también apretará a las provincias y los municipios, en un efecto cascada inevitable. En sentido contrario, la expectativa del gobierno es que la toma de créditos permita dinamizar la economía, estancada desde 2012. “Hoy la situación es mejor que hace unos meses, pero aún quedan temores”, dijo por lo bajo un funcionario de Cambiemos.
También explicó que si se concreta el acuerdo con los “holdouts”, el país verá reducida la tasa de interés que debe pagar por el crédito internacional. “Ahora le prestan al 3% a Chile, Perú y Colombia. A nosotros nos van a dar al 6% por el riesgo de ponerla en medio de un cambio”, agregó y dijo que la Argentina resultará tentadora debido a la crisis que atraviesa Brasil.
EL ESPEJO DE LULA
La crisis del país vecino, principal potencia sudamericana, es grave en términos económicos y sobre todo políticos. La fuerte imagen del ex presidente Lula llevado por la fuerza a declarar en el caso del “lava-jato” -una de las investigaciones judiciales sobre corrupción más importantes de la historia de Brasil- no proyecta buenos augurios para el gobierno de Dilma Rousseff.
El derrotero de Lula también disparó comparaciones con el futuro judicial de Cristina Kirchner, aquí en la Argentina. Aunque se trate de situaciones diferentes, fueron algunos dirigentes del propio kirchnerismo los que instalaron la idea de que existe una “operación en marcha” que terminará con la ex presidenta en la cárcel. La fundamentaron en la reaparición de Stiuso, aunque no sería el caso Nisman el que más preocupa a la ex mandataria, sino -y sobre todo- el avance de la causa Hotesur.
El ex hombre fuerte de la SIDE declaró ante la jueza Palmaghini que un grupo vinculado al anterior gobierno ejecutó el crimen del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, luego de que éste acusara a la entonces presidenta de encubrir el atentado contra la AMIA. Pero Stiuso no parece haber aportado elementos de prueba concretos para sustentar sus afirmaciones.
Sin embargo, su extensa declaración incidió de manera determinante para que Palmaghini se declarara incompetente y recomendara el traspaso de la causa al fuero federal, que la encuadraría como homicidio. El primer afectado por esa decisión sería Diego Lagomarsino, el hombre que proveyó el arma, porque quedaría en la lista negra de los sospechosos.
Los abogados defensores del ex asistente informático de Nisman apelarán mañana a primera hora la decisión de Palmaghini, pero tanto en el ámbito judicial como en el político dan por hecho el traspaso del expediente a los tribunales de Comodoro Py. El fuero federal es, por cierto, el que deberá transitar Cristina si avanzan las causas por las que es investigada.
COMISIONES CLAVE
Mientras ese submundo de la actividad política va saliendo a la luz, el centro de la escena lo ocupa ahora el Congreso de la Nación. Allí se registró en los últimos días una negociación que por momentos llegó a ser tensa, por el reparto de las comisiones entre las distintas fuerzas políticas. En la Cámara baja, la alianza Cambiemos se quedó con las más importantes.
En ese contexto, tuvo lugar una puja entre Elisa Carrió y Sergio Massa por la presidencia de la comisión de Relaciones Exteriores, que al final se quedó “Lilita” no sin antes disparar duras críticas al tigrense. En el Senado, en tanto, el FpV impuso su número y se alzó con Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Y con la mayoría de integrantes en todas las comisiones.
La bancada que lidera Miguel Pichetto está en plena ebullición. El rionegrino está a un paso de garantizarle al oficialismo el quórum para tratar la derogación de la Ley Cerrojo, contra la estrategia del kircherismo que plantea ausentarse para bloquear la aprobación. Pero los gobernadores del PJ respaldan a Pichetto y por ende también buena parte de los senadores.
Por eso, el debate sobre el punto final a la cesación de pagos de la deuda externa podría hacer implosionar al peronismo en el Congreso, donde ya sufrió una escisión en la Cámara baja. Tanto, que los K ya salieron a cuestionar la ambivalencia de Gioja por pivotear entre ambos sectores, mientras que los gobernadores apoyan al sanjuanino como presidente del PJ.
El martes, los mandatarios justicialistas se reunirán a puertas cerradas en la Capital, antes del encuentro que convocó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada. “Les vamos a dar el apoyo, pero exigiremos un plan de lo que van a hacer con los fondos que ingresen”, anticipó un gobernador, de los que consideran que la llama K “se está apagando de a poco”.
Esas negociaciones se realizan a nivel ejecutivo, pero luego todo se cocina en el parlamento. Allí también están pendientes nada menos que los pliegos de los nuevos jueces de la Corte. Para aprobarlos, el gobierno también deberá dialogar con sectores de oposición. Los tiempos de la mayoría automática, aunque recientes, ya son parte del pasado político argentino.
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