Los líderes de la Unión Europea (UE) alcanzaron en la madrugada de ayer un polémico principio de acuerdo sobre nuevas exigencias presentadas por Turquía para frenar el flujo hacia Europa de inmigrantes irregulares y refugiados, también sirios, que incluyen otros 3.000 millones de euros, y agilizar la liberalización de visados. Al mismo tiempo, Macedonia cerró su frontera con Grecia y, pocas horas después, los gobiernos de Eslovenia, Croacia y Serbia hicieron lo mismo, sellando totalmente la llamada ruta de los Balcanes, que desde el año pasado utilizan más de un millón de refugiados para llegar a Alemania y los países nórdicos, y pedir asilo político.
Estas decisiones sellaron también el destino de decenas de miles de refugiados que quedaron atrapados en Grecia y, como marca el nuevo acuerdo alcanzado entre la UE y Turquía, ahora podrían ser expulsados a ese país musulmán, donde ya viven más de 2,7 millones de demandantes de asilo sirios. Reunidos en Bruselas y desesperados por el aluvión de refugiados, los líderes europeos no dudaron en aceptar la deportación de sirios, pese a venir de un país en guerra y a su derecho de pedir asilo. Amnistía Internacional (AI) dijo que el principio de acuerdo es “inhumano”, con “defectos morales y legales”, y el organismo de la ONU para refugiados (ACNUR) apuntó que el plan viola las leyes europeas e internacionales.
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