El juez federal Sebastián Casanello, según trascendió, ya ordenó medidas de prueba para corroborar los dichos de Fariña. En ese sentido, habría ordenado allanamientos -que hasta anoche no se habían concretado- en Santa Cruz y Chaco, donde otra empresa de Báez, dueño de Austral Construcciones, también obtuvo concesiones de obra pública.
Se trata de la firma Sucesión Adelmo Biancalani, con galpones para depósitos de maquinaria vial en la ruta 16, a poca distancia de Resistencia, mencionada por Fariña en su extensa exposición.
Durante todo el día de ayer efectivos y móviles de la Gendarmería Nacional permanecieron frente a la sede de esa firma en Resistencia pero no habían ingresado hasta el cierre de esta edición.
También una patrulla de Gendarmería seguía custodiando anoche el frente de una escribanía de Río Gallegos. Los efectivos de la fuerza de seguridad llegaron cerca de las 17 a la “Escribanía Albornoz”, situada en la calle Zapiola 184, en el centro de la capital de Santa Cruz, y cuyo titular, Ricardo Albornoz, tiene vinculaciones tanto con empresas de Báez como de la familia Kirchner, según señalaron a Télam fuentes allegadas al caso.
Los gendarmes se apostaron frente al edificio de tres plantas con un móvil y al cabo de varias horas llegaron otras camionetas con uniformados que descendieron como para dar inicio a la medida judicial, aunque luego se retiraron del lugar. Según fuentes extraoficiales, un requisito formal sería el motivo de la demora en el cumplimiento de la orden de la Justicia.
Otras de las medidas dispuestas para verificar la declaración de Fariña fue un pedido de informes sobre las operaciones de compra venta de dólares de Lázaro Báez y su hijo Martín.
Según pudo saberse, el juez Casanello también extraerá copia de la indagatoria tomada el viernes y la enviará a otros juzgados que investigan irregularidades en la adjudicación de obra pública.
Uno de ellos sería el juzgado de su par, el juez federal Julián Ercolini, quien la semana pasada ordenó la detención del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime -mencionado también por Fariña-, por presunta defraudación al Estado en la compra de material ferroviario usado a España y Porturgal.
Tampoco se descarta que libre exhortos al exterior o realice algún viaje, siempre para corroborar dichos de Fariña, quien declaró sin prestar juramento de verdad ya que los hizo como acusado en la misma causa.
Los trascendidos sobre esa declaración fueron fragmentarios desde el mismo viernes por el secreto de sumario y ayer continuaron de esa manera porque Marijuán –que viajó a Estados Unidos apenas concluido el trámite- quedó también sometido a la prohibición de difundir públicamente los términos de su requerimiento de imputación.
Fuentes del caso confirmaron a Télam que el fiscal incluyó a quince nuevos imputados, que se suman a los once que ya tenía la causa por supuesto lavado de dinero en cabeza del empresario santacruceño.
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