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Lo hizo el fiscal Marijuán aunque por ahora no pidió su indagatoria
Cristina y Máximo Kirchner , en una visita al mausoleo donde descansan los restos de Néstor. Detrás, sonriente, Lázaro Báez
Las imágenes escandalosas de un video donde se cuentan miles de dólares y euros en la financiera conocida como “La Rosadita” y la explosiva declaración del “valijero” Leonardo Fariña, agitaron una causa que venía a “cocina lenta” sobre presunto lavado de activos, y que ya tiene en prisión al empresario santacruceño Lázaro Báez, y ahora toca a la ex presidenta Cristina Fernández y a altos ex funcionarios durante su gobierno y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner, también mencionado por el “arrepentido” ante el juez federal Sebastián Casanello.
En efecto, la ex presidenta sumó ayer un nuevo traspié judicial después de que el fiscal Guillermo Marijuán pidiese que sea investigada también por presunto lavado de dinero, apenas cuatro días antes de declarar por presuntas irregularidades con la venta de dólares a futuro por parte del Banco Central sobre el final de su mandato.
También Julio de Vido, actual diputado nacional y ministro de Planificación Federal durante los 12 años de administración kirchnerista, aparece señalado, entre más de una decena de personas, por el fiscal. Entre esos imputados se encuentran el ex presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fabrega, el empresario de la construcción Carlos Wagner, y el financista vinculado a Lázaro Báez Ernesto Clarens.
Ayer, además, el juez ordenó una serie de allanamientos en Chaco y Santa Cruz (ver página 4).
Ya el pasado 21 de marzo, el juez de la causa, Casanello, desvinculó a Cristina de la investigación, que salpica principalmente a empresarios cercanos al kirchnerismo.
“En este proceso no está involucrada la ex presidenta”, aseguró en unas declaraciones radiales el magistrado, quien insistió en que la causa que puso en marcha investiga “lavado de dinero delictivo” y no connivencias políticas.
Sin embargo, el fiscal optó ahora por pedir investigar a la ex presidenta después de que el juez, que decretó el secreto de sumario del caso, tomase el viernes declaración durante más de 11 horas a Fariña, en prisión por evasión fiscal, quien amplió el testimonio que ya había dado anteriormente en TV aunque luego se desdijo y habló de “ficción”.
En ese contexto, el fiscal evalúa solicitar la declaración indagatoria de la ex presidenta, aunque esa decisión la adoptará recién cuando regrese a la Argentina tras un viaje que emprendió a los Estados Unidos, en el marco de la investigación por otro caso de presunta corrupción, conocido como “Cerro Dragón”.
Marijuán regresará a la Argentina el próximo sábado 16 de abril. Durante los días de su ausencia, la causa quedará a cargo en el Ministerio Público del fiscal Carlos Rívolo.
Fuentes cercanas a la fiscalía admitieron que el impulso ampliatorio de la investigación por lavado de activos fue consecuencia de la declaración de Fariña, a quien Marijuán le propuso una detención domiciliaria en un lugar del interior del país y con identidad cambiada.
Por lo pronto, el ex marido de la modelo Karina Jelinek se acogió al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación. Sigue detenido en el penal de Ezeiza, sin contactos con los demás presos y con una cámara vigilando permanentemente todos sus movimientos.
En cambio, Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Grandín, también detenido en el aeropuerto de San Fernando, fueron trasladados a celdas comunes en esa misma cárcel, según trascendió.
La causa que se investiga el lavado de dinero a través de obras públicas, y que tiene en la mira al empresario santacruceño, próximo a la familia Kirchner, arrancó en 2013, cuando el financista Federico Elaskar reconoció en el programa de Jorge Lanata haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz y estrecho colaborador de Néstor Kirchner, tres veces gobernador de la provincia patagónica y Presidente de la Nación.
El caso. como se dijo, volvió a tomar impulso después de que el noticiero del Canal 13 sacara al aire unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando fajos de billetes, millones de dólares y euros, en una oficina de Puerto Madero de la financiera SGI, conocida en el expediente como “La Rosadita”.
Según se ve en el video, entre las personas que van y vienen trasladando en grandes bolsas el dinero que previamente habían contado con máquinas, se encuentra Martín Báez, hijo de Lázaro, así como Pérez Gadín, el hijo de éste, y el ex marido de la actriz Iliana Calabró, Fabián Rossi.
Lázaro, quien en un momento de tirantez con los Kirchner había dicho que iba a contar su verdad, se negó a contestar las preguntas del juez Casanello, aunque presentó un escrito para dar su versión: que la plata que se contaba en La Rosadita era para una operación inmobiliaria.
Hasta ahora son varias las personas a las que Casanello ha tomado declaración, en una causa que se ha saldado con diversos registros.
El juez tiene que resolver además en los próximos días las situaciones procesales de Martín Báez, quien está en libertad, y otros indagados en la semana, como Rossi
A finales de marzo, Elaskar sostuvo en otro programa televisivo que Cristina es la “lavadora número uno”, amenazó con “llevarse puesto” (llevarse por delante) a “cualquiera” y aseguró que “media Casa Rosada” (en referencia a la sede de Gobierno y al anterior Ejecutivo) está vinculada con la supuesta red.
Pero Elaskar se volvió a llamar a silencio cuando lo interrogaron días atrás el juez y el fiscal de la causa.
El juez tiene que resolver en los próximos días las situaciones procesales de los detenidos Lázaro Báez, Pérez Gadín y Fariña -por otra causa-, además de la del hijo del empresario, Martín Báez, quien está en libertad, y otros indagados en la semana, como Rossi.
La decisión de Marijuán de pedir investigar a la ex presidenta se produce a sólo cuatro días de que Cristina deba prestar declaración indagatoria en otra causa, que investiga presuntas irregularidades en los contratos de futuros de dólar durante el último tramo de su gestión.
En ese caso, es el juez federal Claudio Bonadio quien investiga si el Banco Central pactó ventas por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos, lo que ocasionó millonarias pérdidas a las arcas del Estado.
Alejada de la escena pública desde que dejó el poder, el pasado 10 de diciembre, la ex presidenta sigue en Santa Cruz.
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