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Si la investigación iniciada en el marco de la causa rotulada popularmente como “la ruta del dinero K” que ahora conduce a la propia ex presidenta Cristina Fernández y la difusión de un amplísimo listado de diversas personalidades que inscribieron empresas offshore en el que aparece Mauricio Macri no estuvieran monopolizando la atención nacional, un hecho que por estas horas se ventila en la Provincia no debiera pasar tan livianamente por alto.
Las pesquisas tendientes a desentrañar la madeja de corrupción enquistada en sectores de la Policía bonaerense, no es un aspecto menor. Por lo que significa meter el bisturí en un terreno prácticamente inexplorado, pero además, por las implicancias que pudiera tener el desenlace de esta investigación que tiene como epicentro la Departamental La Plata.
Las sospechas siempre estuvieron instaladas. Pero pocas veces se había ido con alguna decisión más o menos férrea de llegar hasta el final. La recaudación policial “hacia arriba”, en dirección a jefes uniformados y hasta sectores de la política, constituye una de las presunciones más extendidas. El secuestro de sobres con dinero presuntamente “negro” para distribuir acaso entre altos mandos locales, parece dejar al desnudo un práctica que, por conocida, no deja de sorprender.
El disparador fue el hecho de inseguridad del que fue víctima el intendente platense Julio Garro y por el que está detenido un policía de la comisaría Primera, con un estándar de vida incompatible con sus ingresos.
La investigación se extendió. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, actuó a partir de una denuncia que daba cuenta de que las comisarías de la región de La Plata “entregaban cuatro sobres de dinero destinado a jefes”. Esos jefes locales acaban de saltar por los aires.
Hay, se comenta, una acusación tan o más grave en una de las Departamentales del Conurbano. La investigación está en marcha y promete novedades pronto.
Mientras tanto, el gobierno de María Eugenia Vidal acaba de presentar siete denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en el IOMA, la obra social de los empleados públicos bonaerense.
Se trata de la primera movida concreta de la nueva administración tendiente a que la Justicia analice una posible defraudación por cerca de 1.400 millones de pesos de la que serían responsables funcionarios del ex gobernador Daniel Scioli.
SEÑALES Y REPROCHES
En medio de esas denuncias y acusaciones altisonantes, aparecieron los primeros reproches formales desde la propia tropa de Cambiemos hacia el gobierno de Vidal.
Una cumbre de intendentes convocada en La Plata, con la pretensión de articular un foro de respaldo a la administración bonaerense, terminó por convertirse en un escenario de catarsis colectiva.
No pocos jefes comunales empiezan a sentir la presión social. Se muestran incómodos frente a decisiones del gobierno nacional que impactan sobre el bolsillo de sus vecinos. Y esperan con impaciencia que la gestión provincial arranque con obras que necesitan como el agua para mitigar ese malestar ciudadano.
Algunos de ellos dejaron expuesto su enojo, directamente y sin tapujos. Vidal todavía no había llegado al encuentro que se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad, pero los que oyeron las quejas fueron, entre otros funcionarios, el ministro de Obras Públicas, Edgardo Cenzón.
Cuentan que Jorge Macri, quien como intendente de Vicente López buscó capitalizar la reunión, se encontró con algunos contraataques furibundos. “Todo muy lindo, pero mientras nosotros estamos acá hablando, en mi distrito la gente de Anses está regalando heladeras y freezer”, disparó uno de los alcaldes del interior.
La cumbre subió de tono. Otros jefes territoriales apuntaron a cuestiones similares y reprocharon la “inacción” de la Provincia en “desarmar” estructuras asistenciales y de poder que siguen manejadas por sectores del kirchnerismo. “Nosotros nos bancamos el ajuste y ellos reparten”, bramó otro de los intendentes.
Hubo palos para todos. “El IOMA, el Instituto de Previsión y en el ministerio de Desarrollo Social, pasa lo mismo”, se escuchó desde otro costado del salón.
Otro intendente hasta lanzó casos con nombre y apellido. Dijo que el ex alcalde de su distrito que responde al FpV al que derrotó en octubre, tiene un conchabo de casi 80 mil pesos en una empresa del gobierno bonaerense.
Los reproches comienzan a revelar una inquietud que pone en duda una cuestión estratégica: la pericia del gobierno provincial para armar su propia red de contención política.
Más aún, cuando la propia Vidal estuvo en la reunión y por primera vez desde que asumió al frente del Ejecutivo provincial habló de 2017, el turno electoral del año que viene en el que deberá atravesar el primer examen ciudadano a su gestión.
Hay quienes empiezan a registrar algunas movidas políticas del PRO tendientes a mitigar ese déficit. Una, con desembarco en el propio equipo de Vidal: la del ex intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.
Ese arribo se enlaza con acuerdos que se fueron anudando en la Provincia con otros dirigentes peronistas que trabajarán en la articulación del armado del sur del Conurbano, entre ellos, Darío Giustozzi, Baldomero “Cacho” Alvarez y Federico Scarabino, entre otros.
No fueron las únicas críticas que aparecieron en los últimos días. “La presencia de funcionarios que continúan dirigiendo los destinos del ministerio de Salud, la permanencia (sin revisión de la pasado inmediato) de los mismos directores ejecutivos y asociados en hospitales provinciales (como el Gonnet, San Juan de Dios o San Martín entre otras instituciones) que han sido co-responsables del actual estado sanitario de los mismos, reflejan una seria falta de decisión política para con el mandato de cambio que emanó de las urnas el último 25 de octubre”, disparó con inusitada dureza un sector del radicalismo.
(*) Periodista de la sección Política
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