Una comisión de 65 miembros de la Cámara de Diputados de Brasil decidió ayer por 38 votos a favor y 27 en contra que existen fundamentos para acusar a la presidenta Dilma Rousseff de cargos de violación de leyes presupuestarias para presuntamente favorecer su reelección en el 2014. Ahora, el pleno de la Cámara baja (de 513 diputados) deberá votar sobre los procedimientos de un juicio político (impeachment), lo que se espera se produzca el domingo.
Si dos tercios de sus miembros votan a favor, el proceso de destitución será enviado al Senado y Rousseff podría ser suspendida de sus funciones si la Cámara alta acuerda por una mayoría simple llevarla a un juicio.
La decisión de la comisión integrada fue tomada tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que está sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso. La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes la semana pasada en el que recomendó avanzar hacia un eventual juicio político.
En su informe, Arantes aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los balances del gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
En la sesión de ayer, fue escuchado nuevamente el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien volvió a descalificar el informe del instructor y redujo las acusaciones a meras “faltas” administrativas, que no bastarían para una destitución. Según Cardozo, el proceso “está viciado”, es “nulo” y viola “el derecho a la debida defensa”. Su alegato cayó en saco roto y la comisión decidió por mayoría remitir el caso al pleno de Diputados, que discutirá el informe de Arantes entre el viernes y el domingo próximos.
En la Cámara baja, los impulsores del juicio político necesitarán una mayoría calificada de dos tercios (342 de los 513 votos), que hasta ahora está en duda. Si los votos a favor del impeachment no alcanzan ese número, el proceso será archivado. En caso de que el pleno de la Cámara baja acepte la acusación, la causa pasará a los 81 miembros del Senado, que por mayoría simple decidirán si se abre el juicio político contra Rousseff. Si así fuera, la mandataria deberá separarse del cargo por un lapso de 180 días, que será el tiempo que tendrá la Cámara alta para el desarrollo del proceso. El cargo de Rousseff sería ocupado durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tras haber sido durante años el mayor pilar de la coalición oficialista, decidió romper con el Gobierno. Sin embargo, Temer está bajo la amenaza de un juicio político, por firmar algunos de los decretos que facilitaron las maniobras fiscales que sustentan la acusación contra Rousseff.
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