La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, advirtió que “muchos dicen” que la muerte del funcionario judicial “fue una orden de la entonces Presidenta” Cristina Fernández, ante lo cual dijo que “no puede descartarlo”, aunque aclaró que tampoco puede “afirmarlo”.
“Lo que afirmo son las cosas que no tengo dudas: primero que fue un homicidio”, reiteró Arroyo Salgado respecto al fallecimiento de su ex pareja ocurrido en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la ex mandataria por encubrimiento en la causa del atentado de la AMIA.
La jueza de San Isidro formuló estas declaraciones durante una entrevista que se conoció ayer en la revista Ya del diario chileno El Mercurio.
“Lo que yo digo es que estaba (el deceso) íntimamente ligado a la denuncia que él hizo. Hasta dónde llega yo no puedo afirmar ni puedo descartar”, añadió.
De inmediato agregó: “Muchos dicen ‘esto fue una orden de la entonces Presidenta, lo mandó a matar’. Yo no lo sé, tampoco lo descarto. Yo soy juez y tengo que ser cuidadosa. Si no hay pruebas, no puedo entrar a responsabilizar gente”.
Un día antes de ir a ampliar su denuncia ante el Congreso Nacional, Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 con un balazo en su cabeza en el departamento donde vivía, en el barrio capitalino Puerto Madero.
La ex mujer del fiscal federal consideró: “Otra cosa que no tengo dudas es que esto está vinculado a los servicios de inteligencia”.
A casi 14 meses de la muerte de Nisman, la causa que intenta esclarecer el misterioso deceso del fiscal llegó finalmente a los tribunales federales de Retiro y, por sorteo, el expediente cayó en manos del juez federal Julián Ercolini.
Se trata del juez que metió preso la semana pasada al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, el que investiga desde 2008 si hubo una asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández y quien podría quedarse con el expediente Hotesur.
DENUNCIA POR EL SORTEO
Mientras, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, presentó ayer una denuncia para que se investigue la falla ocurrida el lunes en el sistema de gestión judicial durante el sorteo de la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Irurzun hizo la denuncia “en virtud de que no se puede descartar que la falla signifique una alteración que configure un delito de acción pública”, se indicó.
La causa -que podría apuntar a un eventual sabotaje- recayó por sorteo en el juez federal Sebastián Casanello, actualmente muy ajetreado por la causa llamada en la jerga judicial “ruta del dinero K” y la denuncia por los “Panamá Papers” que salpica al presidente Mauricio Macri.
Así, mientras Ercolini analiza si se queda o no con el expediente, la máxima autoridad de la Cámara Federal pide investigar si hubo irregularidades durante el trámite.
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