Un fiscal solicitó ayer que se condene a seis años de prisión a un inspector del Gobierno porteño que en 1997 habilitó, presuntamente tras cobrar una coima, el boliche Cromañón, en el que en 2004 murieron 194 personas que asistían a un recital de Callejeros.
La solicitud fue formulada por el fiscal Fabián Céliz en el marco del juicio oral que se le realiza a Roberto Calderini, a quien se acusa de los delitos de “falsedad ideológica de documento público y cohecho”. Al exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3, el fiscal también solicitó que Calderini sea “inhabilitado de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos”, ya que actualmente sigue trabajando en el área de Policía del Trabajo del Gobierno porteño. Céliz explicó que en abril de 1997, el inspector denegó la habilitación del local y cuatro meses después, en junio, en idénticas circunstancias, la aprobó pese a que no se había realizado ninguna reforma.
Por eso, el fiscal concluyó que Calderini recibió dinero para la habilitación, ya que no era amigo ni conocía a nadie de la sociedad Lagartos -que explotaba Cromañón en esa época- y tampoco había otro motivo para hacerlo.
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