Mientras en la Ciudad se aguarda la resolución al pedido de amparo presentado por los taxistas para frenar el avance del sistema Uber para el traslado de pasajeros, la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “de modo inmediato”, arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle esa empresa.
El titular del juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, resolvió a modo de medida cautelar, “ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber B.V. o Uber Technologies Inc. hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
De esa manera se hizo lugar a un amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal - que conduce Omar Viviani - junto a las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis. La suspensión se extenderá hasta tanto se dicte sentencia definitiva a esa medida.
Entre las medidas dispuestas para sumar información a la causa, Trionfetti requirió a la Agencia Gubernamental de Control que informe si Uber ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.
También se pidieron informes de registro de la empresa a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Secretaría de Transporte porteña. Se trata de establecer si la empresa estadounidense realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transporte de pasajeros y, en su caso, remita las correspondientes actuaciones.
Se argumentó la “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas” de todos los trabajadores que integran el sindicato de Peones de Taxis, como así también de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias.
Según consideraron, se “coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa Uber y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores”.
Por su parte, el juez Trionfetti resaltó “la complejidad” del planteo ya que “posee aspectos colectivos ostensibles cuyo tratamiento y decisión puede incidir en diferentes grupos con intereses o posiciones jurídicas encontradas”.
Entre ellas mencionó “cuestiones vinculadas con la seguridad urbana, la defensa de los usuarios y consumidores, el derecho a trabajar y de ejercer industria lícita, aspectos tributarios, conflictos derivados del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema jurídico, la seguridad y coordinación del transporte urbano, la igualdad ante las cargas públicas, la actuación de sociedades o empresas extranjeras en el ámbito local, los alcances del poder de policía, etc.”.
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