El simbólico “muro” (en rigor un vallado similar al que tantas veces se emplea para evitar incidentes en La Plata) levantado en el corazón de Brasilia para evitar enfrentamientos entre los partidarios de Dilma Rousseff y sus detractores refleja con claridad la fractura social del país ante el proceso destituyente que amenaza a la Presidenta.
La valla levantada en la Explanada de los Ministerios de la capital brasileña, de alrededor de un kilómetro de longitud y unos tres metros de altura, separará las multitudinarias movilizaciones convocadas por simpatizantes y detractores de Rousseff para hoy, cuando el plenario de la Cámara de Diputados vote si aprueba avanzar en el proceso de destitución de la mandataria. Un fuerte dispositivo policial se ocupará de la seguridad para evitar incidentes frente al Congreso.
Las medidas de seguridad se repetirán en las principales ciudades del país, donde también se esperan movilizaciones masivas, en especial en San Pablo y en Río de Janeiro, en medio de un clima de tensión y de la fractura de la sociedad.
De un lado, los “coxinhas”, apelativo de origen despectivo que define a los defensores de la destitución de la presidenta, acorralada y con la popularidad más baja de un mandatario desde la dictadura, han tomado el amarillo y el verde -los colores de la bandera nacional- como un símbolo y reclaman la retirada inmediata de Dilma. Entre sus argumentos, no solo el maquillaje de las cuentas públicas de 2014 y 2015 en que se basa el proceso de juicio político contra la mandataria. También la crisis económica que ha sumido al país en un bache del que le resultará difícil salir, con un desplome del crecimiento y un aumento del desempleo y de la deuda, agravado por el escándalo de corrupción de Petrobras.
Los partidarios de Dilma y de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, a los que se denomina “petralhas”, abrazan el rojo que distingue al Partido de los Trabajadores, acusan a la oposición de golpista y temen un giro a la derecha si cae la Presidenta y la pérdida de programas sociales y subsidios que benefician a un 20 por ciento de la población.
Dos movimientos muy parejos -según las últimas encuestas el 60 % de los brasileños estaría a favor de la salida de la Presidenta- que parecen dispuestos a mantener su reclamo en la calle, donde también se abre paso quienes piden una depuración en el sistema político al grito de “fuera todos”. Hay sin duda una crisis de credibilidad con la crisis económica como telón de fondo del caos político que vive el país.
“A caballo de la bonanza económica, el Partido de los Trabajadores benefició a millones de familias a través de programas sociales. Hoy, parte de esa gente, que no vive necesariamente del Estado, siente que está perdiendo poder adquisitivo y empiezan a operar también contra el Gobierno.
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