La Plata en el podio de las ciudades del país con más venta ambulante

Un relevamiento recientemente hecho público que colocó a La Plata entre las cinco ciudades del país con mayor expansión de la venta ilegal viene a confirmar que el problema de la proliferación de este mercado informal se ha visto recrudecido en los últimos años, derivándose a partir de allí situaciones conflictivas que deben ser despejadas en forma urgente por las autoridades.

El relevamiento efectuado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) determinó que la venta ilegal en el país alcanzó en febrero un monto de 4.988 millones de pesos y si se proyecta a un año suma 59.857 millones, impulsada por una mayor cantidad de ferias ilegales conocidas como saladitas y la presencia de manteros en la vía pública. Esas cifras reflejan una suba de la venta ambulante en febrero de 13,5 por ciento respecto a la anterior medición realizada en agosto de 2015.

El muestreo se realizó en un total de 451 ciudades de la Argentina y en 115 de ellas se encontraron mercados tipo saladitas, un modelo de comercio completamente informal que sigue ganando terreno en todas aquellas urbes que tienen normativas laxas o no controlan, indicó la entidad empresarial.

Las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Lomas de Zamora, San Martín y La Matanza fueron las cinco localidades del país con mayor cantidad de vendedores ilegales. Allí se concentró el 44 por ciento de los puestos clandestinos detectados en las ciudades consultadas, añadió el informe.

En cuanto a La Plata, se precisó que es la tercera ciudad del país con más comerciantes fuera de regla: 4.600 puestos entre manteros y saladitas. A eso hay que sumarle muchos puestos que trabajan en las plazas bajo el rubro de “venta de artesanías” pero negocian mercadería ilegítima. Los empresarios destacaron que nuestra ciudad cuenta con una ordenanza de 1994, que regula la oferta informal pero que no se aplica. Los comercios además están preocupados por la instalación de carpas blancas en las plazas avaladas por el municipio, dice el comunicado.

De sobra se conoce que los operativos contra la venta ilegal se han llegado a convertir, en no pocas ocasiones, en verdaderas batallas campales, en las que los agentes públicos concluyen lastimados y sus patrullas virtualmente destruidas. Vendedores ambulantes que son erradicados, al poco tiempo vuelven a desarrollar sus actividades.

Poco importa saber que las mercaderías sean de dudosa autenticidad y que tan sólo el precio de esos productos alcanza para instalar la sospecha vehemente acerca de la posible comisión de delitos penales en el origen de esa mercadería, con la presencia a organizaciones marginales y poderosas que financian el mercado informal. Desde luego que resulta especialmente delicada una cuestión que involucra la natural y justa necesidad de trabajar de personas que no han podido incorporarse al mercado laboral y que, por consiguiente, buscan remediar ese problema desplegando alguna actividad informal. En ese contexto, está claro también que la Municipalidad no puede, ella sola, enfrentar y resolver un problema que le concierne a otras jurisdicciones y a los distintos poderes gubernamentales, de modo que se vuelve necesaria una acción institucional conjunta para enfrentar los distintos tipos y magnitudes de las infracciones legales que se cometen.