El juez federal Sebastián Casanello ordenó anoche la detención de Adrián Conci, dueño de la firma Dell SA, organizadora de la fiesta electrónica “Time Warp” realizada el sábado pasado en Costa Salguero, donde cinco jóvenes murieron al ingerir estupefacientes.
Casanello hizo lugar de esta manera al pedido que le formuló el fiscal Federico Delgado contra Conci, a quien le había prohibido la salida del país ante versiones de una posible fuga.
El imputado había pedido la exención de prisión y, en caso de ser aceptada por el juez, le permitiría seguir en libertad mientras se desarrolle la investigación judicial.
Delgado pidió la detención de Conci cuando Casanello allanaba la sede de la Prefectura Naval en busca de contratos con la fuerza de seguridad para el pago de adicionales para vigilar el exterior de la fiesta donde murieron los jóvenes.
Así, la División de Investigaciones Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura Naval fue allanada por la tarde, y más temprano se había allanado también una sede de esa fuerza tras encontrar un contrato firmado con los organizadores de la fiesta de Costa Salguero por 30.000 pesos en concepto de “servicios adicionales de vigilancia”.
En el dictamen donde el fiscal Federico Delgado pidió a Casanello la detención de Adrián Conci, advirtió que “hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas”, mientras que también pidió investigar a otros empresarios.
Al pedir la detención de Conci, el fiscal consideró que se trató de una venta de droga organizada, en base a los dichos de decenas de testigos que declararon desde el fin de semana y hasta ahora en sede judicial.
“Adrián Conci es la persona que organizó el evento y quien deberá responder por los hechos investigados. Ahora tenemos que saber si actuó solo o en sociedad”, manifestó el fiscal en el dictamen, y pidió investigar qué tipo de vínculo había con los concesionarios del predio de Costa Salguero y la empresa que aportó las bebidas.
El fiscal también aseguró que “este comportamiento, cuyo resultado fue la muerte de cinco personas, tiene consecuencias penales”.
Delgado manifestó en base a testimonios en la causa que si bien había personal de seguridad, “la revisación era escasa”, y dijo que “ni bien se ingresaba los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, lsd, éxtasis, cocaína y superman”.
Del mismo modo, el fiscal advirtió que el lugar “estaba hacinado, con poca ventilación, hacía calor y escaseaban las bebidas a medida que los concurrentes las necesitaban”, y aseguró que “no sólo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.
“Los organizadores fueron indiferentes a las convulsiones de las víctimas”, dijo el fiscal en su pedido al juez, quien recibió a familiares de las víctimas mortales, que buscan constituirse como querellantes en la causa, y realizó una inspección ocular en el predio.
Por su parte, el fiscal nacional en lo Criminal de Instrucción Sandro Abraldes, el primero que intervino en el hecho, advirtió que “personal de Prefectura nos dijo que nos daban intervención a nosotros porque ahí no había drogas, por lo cual debía intervenir la justicia ordinaria”.
“Eso fue la primera sospecha que me despiertan las fuerzas de seguridad, y por eso las desplacé de la investigación. Eso, sumado a que me dijeron que hicieron controles durante la noche y que no habían encontrado nada”, manifestó el fiscal.
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