La votación en la Cámara baja empeoró la confusión respecto al panorama político en Brasil, que también lidia con su peor recesión en décadas y con un gran escándalo de corrupción mientras se prepara a albergar los Juegos Olímpicos en agosto. El impeachment ha dividido profundamente a la ciudadanía. Muchos brasileños consideran a Rousseff responsable de toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión hasta los altos impuestos y malos servicios públicos. Al mismo tiempo, otra amplia franja de la población señala que el PT sacó de la miseria a millones de brasileños en la última década y consideran que la votación legislativa es antidemocrática. Rousseff está acusada de maquillar los balances presupuestarios de 2014 y 2015. La presidenta alega que anteriores gobiernos recurrieron a las mismas maniobras sin repercusiones.
Los analistas ven poco probable que Dilma pueda mantenerse en el poder al destacar el espectacular fracaso de la mandataria para reunir el apoyo incluso de los partidos que por mucho tiempo integraron su coalición gobernante. Los editoriales de los principales diarios en Brasil pusieron de relieve el peligro que representa la inestabilidad política y destacaron que “la crisis dista de haber terminado”.
Luego de ocho años de rápido crecimiento bajo el gobierno de Lula, la economía empezó a flaquear después de que Rousseff tomara el mando en 2011, y en 2014 logró la reelección por poco tras protestas generalizadas el año anterior. Su popularidad cayó al mismo ritmo que la economía, y los sondeos indican que la mayoría de los brasileños quieren que se vaya, aunque muchos tienen reservas sobre los posibles sucesores. Temer, el vicepresidente, está implicado en el caso Petrobras y además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se procesa a Rousseff. El segundo en la línea de sucesión, el titular de la Cámara baja Eduardo Cunha, está acusado de recibir 5 millones de dólares en coimas.
Con el liderazgo del país manchado por la corrupción, ha ido en aumento el reclamo de nuevas elecciones. Un vocero de Rousseff reconoció que su equipo examinaba esa posibilidad, un movimiento que no tiene fundamentos constitucionales, aunque aparentemente goza de considerable apoyo popular.
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