Alarma por las fugas en cárceles, comisarías e institutos de menores

La reciente fuga de once menores de un instituto de contención en Abasto, en un hecho que se concretó luego de que atacaran y golpearan a un celador con palos de escoba afilados, vino a desnudar una vez más otro costado de las serias falencias que, en materia de seguridad, presenta el sistema provincial. Y a la vez, compromete a las autoridades a que se atiendan a las necesidades del área de minoridad, en el sentido de contar con institutos suficientes y hábiles para atender a la recuperación de los menores con causa penal, con la mira puesta en su más pronta reinserción en la sociedad.

Tal como se informó, la evasión se concretó la noche del domingo pasado en el instituto ubicado en 520 y 226. Fuentes oficiales señalaron que los evadidos contaban con graves antecedentes penales y uno de ellos, incluso, con una causa por homicidio, en trámite por ante la Justicia de San Isidro, en tanto que los demás se encuentran imputados por robo calificado y robo agravado. Se indicó asimismo que los prófugos provienen de los departamentos judiciales de San Isidro, La Matanza, San Martín, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás y todos son considerados de extrema peligrosidad.

A grandes rasgos y teniendo a la vista lo que ocurre con la población adulta, debe señalarse que resulta ciertamente inquietante la reiteración de fugas de presos en cárceles y comisarías de la Provincia, sin que resulten altos los niveles de recaptura de prófugos. También son ínfimos los porcentajes las causas abiertas por fugas de presos (concretadas o intentos) que llegan a juicio y muy pocas de ellas a sentencia.

En 2013 se registraron 107 procesos abiertos por fugas. Los casos relevados en la Provincia incluyeron evasiones de institutos de menores, comisarías y penales de hombres y mujeres. Más recientemente se registraron fugas de presos en la Unidad 26 de Olmos, en una situación que le costó el puesto a varios jefes de ese complejo penitenciario, del cual habían escapado otros dos internos pocos meses antes, utilizando para ello los servicios de un remís.

Pero las fugas de detenidos también se presentaron en distintas unidades carcelarias y policiales de nuestra ciudad y del resto de la Provincia. Tal como se ha señalado en forma reiterada, estos hechos no deben ser considerados como episodios aislados, sino que se enmarcan en una grave problemática relacionada con el alojamiento de los detenidos, sean ellos menores o mayores de edad.

Como antecedentes pueden mencionarse varias decisiones judiciales que, en su oportunidad, ordenaron clausuras en distintas dependencias policiales al constatarse no sólo la superpoblación de detenidos, sino también las pésimas condiciones de seguridad e higiene en los calabozos.

En esta misma columna se advirtió sobre la gravedad de este tema y la necesidad de que se adopten urgentes medidas. Corresponde asimismo dar respuesta a las poblaciones que, en estos años, no dejan de expresar su justificada alarma ante las fugas de cárceles e institutos de menores, muchos de los cuales suelen contar con frondosos antecedentes como ocurrió ahora en el caso de Abasto.

Esta inquietud debiera servir para reforzar la advertencia y provocar la reacción que, evidentemente, hace falta. Desde luego que es responsabilidad primaria de las autoridades analizar a fondo este problema y avanzar en la búsqueda de las soluciones de fondo.