Dólar a futuro: piden investigar a Bonadío y Sturzenegger

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy la apertura de una causa penal para investigar al juez federal Claudio Bonadio y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares, prevaricato y abuso de autoridad, entre otros delitos. 

Se trata de la denuncia realizada la semana pasada por un grupo de diputados nacionales del Frente para la Victoria, en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante. 

Ahora, el juez federal Sergio Torres deberá decidir si da o no impulso a la investigación, en la que el fiscal Di Lello solicitó –entre otras medidas- que se cite a prestar declaración testimonial a la ex mandataria y al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, ambos imputados en la causa que investiga la venta de dólar a futuro. 

Además, en su requerimiento de instrucción, al que accedió Télam, el fiscal Di Lello pidió que se solicite “a las entidades correspondientes el listado completo de las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar a futuro entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre de 2015”. 

También, pidió al juez Torres –sobre quien recayó la denuncia presentada la semana pasada por un grupo de diputados nacionales kirchneristas- que “escuche en declaración testimonial a quienes fueran presidentes del Banco Central desde el año 2007 en adelante”. 

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De este modo, el fiscal dio curso a la denuncia presentada por legisladores del Frente para la Victoria la semana pasada, en el mismo momento en el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner prestaba declaración indagatoria ante el juez federal Bonadio en el marco de la causa que investiga las operatorias de venta de dólar a futuro realizadas durante el 2015. 

En ese contexto, los legisladores encabezados por el titular del bloque, Héctor Recalde, materializaron lo que, de alguna manera, fue planteado por la ex mandataria en el escrito que presentó ante Bonadio. 

De hecho, en ese texto –al igual que en la denuncia en la que luego la mandataria pidió ser querellante- se acusó a Bonadio de presunto prevaricato, es decir, de tomar decisiones como magistrado reñidas con la ley, y también apuntó contra Sturzenegger, titular del Banco Central. 

Es que, tanto la ex mandataria como el ex ministro de Economía Axel Kicillof responsabilizaron en sus indagatorias ante Bonadio a la actual gestión, con Sturzenegger al frente del Banco Central, por las pérdidas generadas por las operatorias de venta de dólar a futuro, dado que las atribuyeron a la “mega devaluación” que –aseguraron- se produjo desde fines del año pasado.

Entre otras medidas reclamadas hoy por el fiscal –en cuyo dictamen hizo referencia a “los imputados” al referirse a Bonadio y Sturzenegger- incluyó la de pedir al Banco Central que informe “el volumen del dólar a futuro vendido en ese período” y que dé “un detalle pormenorizado del volumen histórico de esa clase de operaciones entre los años 2008 y fin del 2015”. 

Además, que informe sobre “la evolución de los valores del dólar entre el 1 de enero del 2008 y el 30 de noviembre del 2015” y “la diferencia de cotización mes a mes” dentro de ese mismo período”, como así también “el volumen vendido de divisas al cambio oficial durante el período denominado como ‘cepo cambiario’ tanto para ahorro como para pago de tarjetas de crédito”. 

Además de Héctor Recalde, suscribieron la denuncia las diputadas del Frente para la Victoria Juliana Di Tullio, Nilda Garré, Diana Conti, Teresa García y sus pares de bloque Carlos Kunkel, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Marcos Cleri y Rodolfo Tailhade.

En tanto, en las últimas horas, el expediente sumó una presentación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner –patrocinada por el abogado Carlos Beraldi, el mismo que la representa en la causa por el dólar a futuro- en la que pidió ser tenida como parte querellante, planteo sobre el que, ahora, también deberá expedirse el juez federal Sergio Torres. 

Entre los delitos que los denunciantes atribuyeron a Bonadio y Sturzenegger se cuenta el de "administración infiel en perjuicio de la administración pública al haberse modificado las condiciones en que fueron celebrados los contratos denominados de dólares a futuro en perjuicio de los intereses estatales y en favor de los particulares".

También, se les endilga los presuntos delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por parte de quienes participaron y/o encubrieron el episodio típico referido; precarivato por parte del juez interviniente; y tentativa de estafa procesal y de privación ilegal de la libertad".