El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari desestimó enviar la causa que instruye contra Cristóbal López por irregularidades con la transferencia del impuesto a los combustibles -casi 8.000 millones de pesos- a un juzgado de Comodoro Rivadavia, que avaló el concurso preventivo de la compañía presentado por el empresario kirchnerista.
Fuentes judiciales informaron hoy que el magistrado no hizo lugar al "pedido de remisión de estos actuados al juzgado de primera instancia de ejecución penal de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut" y dispuso que la causa "continúe su trámite ante este juzgado", en la Capital Federal.
Entre otras razones, Furnari argumentó que no puede mandar el expediente porque "la concursada" por López en Comodoro Rivadavia -Oil Combustibles SA- y las demás compañías del grupo demandadas en Buenos Aires "resultan parte obligada e inescindible del proceso".
Furnari tramita una causa iniciada por un pedido de medida cautelar que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en reclamo de 7.665.771.438,63 pesos que López adeudaría al organismo tributario en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
En ese trámite procesal, el juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S y Oil M&S SA, "se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo", pues "el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal".
Furnari dio por acreditado en principio que "la actuación" de las tres compañías de López "frente a la AFIP parecería, en principio, violar el deber de obrar con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria, en frustración de sus derechos".
"La eventual responsabilidad solidaria de las sociedades controlantes de Oil Combustibles SA frente a las deudas fiscales contraídas por ésta para las inversiones de aquéllas, llevan a dictar una medida cautelar que impida su inminente escisión del grupo económico al que pertenece", añadió.
Ello significó que el Grupo Indalo no pueda ser desguazado, como pretenden López y su socio Fabián De Sousa para repartirse las diversas compañías.
El juez también designó a un interventor, veedor e informante en el Grupo Indalo y para ese cargo eligió al contador público nacional y perito judicial Marcelo Fabián Manograsso.
Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que se cite a indagatoria al ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, como también a López y De Sousa, por irregularidades con el impuesto al combustible, pero en el marco de una causa por asociación ilícita donde se investiga al matrimonio Kirchner.
El pedido fue formulado ante el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa abierta por la presunta existencia de una banda delictiva, a partir de una denuncia que radicaron la diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (CC-ARI) en 2008, donde acusaron al matrimonio de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios y allegados.
SUSCRIBITE a esta promo especial