La tragedia ocurrida en la fiesta electrónica de Costa Salguero en la que murieron cinco jóvenes por consumo de drogas y otras tantas debieron ser internados en grave estado puso en evidencia, una vez más, la ausencia en el país de una política de Estado unívoca y eficaz en la lucha que debe darse contra el narcotráfico y el flagelo del consumo.
Durante muchos años se ha persistido, en cambio, en el error de impulsar medidas y campañas parciales, en un contexto siempre debilitado por la superposición de jurisdicciones actuantes, en una situación que tampoco ha quedado cabalmente resuelta desde que se sancionó la llamada desfederalización del tratamiento de varios delitos relacionados a la droga.
Sin perjuicio de esa premisa, también es cierto que nuestra sociedad incurre en una indisculpable omisión cuando no pone el acento sobre la responsabilidad directa que le incumbe a los padres, que -ya sea por negligencia o desconocimiento- no le inculcan a sus hijos principios básicos sobre la gravedad que implica el consumo de drogas, en especial de las llamadas de diseño o los cócteles de distintas sustancias, capaces de quitar la vida en pocos instantes.
Asimismo, el sistema educativo publico debiera concientizar a los jóvenes acerca de la propia responsabilidad que les incumbe ejercer, para enfrentar y rechazar con madurez un hábito cuyas secuelas pueden resultar tan graves. Es comprensible que se indague en estos casos acerca del rol que deben cumplir los organismos de contralor en estos megaencuentros juveniles, pero antes que ello corresponde enfatizar acerca de la presencia de jóvenes cuya formación familiar y escolar los encuentre capacitados para rechazar la atracción de las drogas.
Ello no implica, en modo alguno, desestimar la decisiva importancia que debe tener el Estado, como investigador y represor principal de las organizaciones del narcotráfico que se ha instalado con creciente fuerza y que cuenta con centrales internacionales de apoyo. De sobra se conoce que los narcotraficantes exponen, en forma cotidiana, la millonaria y delictiva trama de negocios y vínculos políticos que los respaldan, en un proceso que encuentra a nuestro país en desventaja frente a ese fenómeno.
Existen por cierto múltiples facetas que deben ser, desde luego, ponderadas cuando se enfoca el tema del combate a la droga. ¿Cómo no aludir, entonces, al persistente fenómeno de la venta de drogas en cercanías de las escuelas y al subsiguiente peligro cotidiano que enfrentan miles de estudiantes durante el año lectivo? ¿Lo ocurrido en Costa Salguero no es, entonces, a mayor escala, una resultante dramática de esos antecedentes?
No es mucho lo que se ha avanzado en este sentido y ello no debiera sorprender, en la medida en que los padres, los propios menores y el sistema educativo del Estado se sigan mostrando indiferentes ante la magnitud y los alcances de la drogadicción, subrayándose la importancia de intensificar las campañas formativas e informativas entre los jóvenes y especialmente en ámbitos escolares.
Si bien los operativos y los controles deben acentuarse, es vital fortalecer una cultura preventiva. Desde luego que está cada día más claro -tal como se ha señalado- que no puede concebirse ninguna lucha contra el consumo de droga, si antes no se combate con absoluta firmeza al narcotráfico organizado.
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