Chueco le dijo al juez que se quiso suicidar

Jorge Chueco, el abogado vinculado al empresario kirchnerista Lázaro Báez e imputado en la causa de la llamada “ruta del dinero K”, negó ayer haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero, pero se negó a contestar preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello.

Chueco, quien está detenido desde días pasados, quedó preso en la cárcel de Ezeiza, donde ya están alojados Báez y el contador Daniel Pérez Gadín.

Luego de los estudios médicos que le hicieron el jueves y confirmaron su buen estado de salud, Chueco fue trasladado antes del mediodía de ayer desde el edificio “Centinela” de la Gendarmería a los tribunales de Comodoro Py 2002, a bordo de un furgón de la fuerza de seguridad, con chaleco antibalas y casco y rodeado por una nube de efectivos fuertemente armados y con escudos.

Según su defensa, en la indagatoria Chueco “lamentó no haber podido quitarse la vida mientras estuvo desaparecido” (en rigor, huyó a Misiones y luego a Paraguay) y aseguró que “no había incurrido en los delitos que se lo acusa”, dijeron fuentes judiciales.

PROMETIO AMPLIAR

Sin embargo, por consejo de sus abogados Chueco aclaró que no iba a contestar preguntas y prometió ampliar su indagatoria más adelante, cuando sus defensores conozcan en detalle toda la causa.

Uno de los abogados, Ezequiel Altinier, dijo que por ahora “no va a pedir la excarcelación de Chueco”, quien fue derivado a un penal hasta que el juez resuelva su situación. Y aunque se dijo que había presentado un escrito, su defensor aclaró que, eventualmente, lo hará más adelante, cuando acceda al expediente.

A Chueco se lo acusa de haber endosado 9 cheques que fueron depositados en Austral Construcciones SA por 208 millones de pesos, mientras que hizo viajes a Europa junto a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, ya procesado por lavado de dinero y convocado nuevamente junto a su padre para ampliar la indagatoria en los próximos días.

Chueco es considerado pieza clave en la causa por su trabajo en Austral Construcciones y en la compra de la financiera SGI a manos de Helvetic Service Group, de la que era apoderado.

Su indagatoria se activó luego de la declaración de Leonardo Fariña, el llamado “valijero” que estuvo dos años preso y a principios de abril se convirtió en “arrepentido”: contó detalles de las maniobras, de las financieras que intervinieron y de las peleas con la ex presidenta Cristina Fernández, luego de que el empresario santacruceño habría decidido quedarse con la plata de los negocios que le había facilitado Néstor Kirchner.