Después de que dos hombres redujeron a la familia del intendente Julio Garro en su casa del country Grand Bell, detuvieron al vecino y se supo que era un policía que no ganaba más que 18 mil pesos al mes, la pregunta se impuso por peso propio: ¿De dónde sacaba la plata para pagar 40 mil de alquiler?
Algunos mencionaron que podía estar vinculado con otros robos, otros apuntaron a la venta de droga, pero distintas fuentes de la policía no dudaron en ligar aquel flujo de efectivo con “la caja millonaria de las horas Polad que maneja la comisaría Primera”.
Cuando aparecieron los 36 sobres en la Departamental, de nuevo, muchos policías coincidieron en rumorear por lo bajo que esa práctica “es muy vieja”.
Los investigadores insisten en aclarar que ambas causas corren por carriles separados: el asalto a la familia Garro lo investiga la fiscal Virginia Bravo y el hallazgo de los sobres los instruye el fiscal Marcelo Martini.
Sin embargo, en un par de cuestiones los asuntos se tocan, ya que las sanciones a todos los presuntos implicados las dispone el ministerio de Seguridad y algunas de estas prácticas que se habrían “institucionalizado” a fuerza de costumbre, ahora son objeto de una causa judicial.
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