¿Quién le teme a Uber?

El arribo del servicio Uber en Argentina no pasó desapercibido. Decenas de taxistas cortando las calles, denuncias de “competencia desleal”, manifestaciones de gremios afectados, autos secuestrados y hasta intervención policial fueron algunos de los hechos que decoraron la inauguración del servicio de transporte norteamericano.

¿Por qué tanto alboroto? En primer lugar, Uber es un servicio de interés público, por lo que la prestación debe llevarse a cabo con determinadas garantías mínimas, que el Estado obligatoriamente debe brindar para otorgar el marco de seguridad que corresponde.

Los taxis deben cumplimentar la Ley 3622 y los remises están regulados por el Decreto 167/998 y demás legislación reglamentaria. Ambas normativas, además, de crear registros especiales para cada actividad, exigen una serie de requisitos tanto del conductor como del vehículo y que son de contralor por la autoridad de aplicación.

Esto no se da en el caso de Uber, que se estaría tomando atribuciones en perjuicio de la administración pública.

Como ejemplo claro e irrebatible, la ley exige a taxis y remises contar con un seguro especial para el transporte de pasajeros, cosa que no es obligatoria para Uber, porque no se puede otorgar cobertura de seguros a un transporte de pasajeros que no cuenta con su correspondiente habilitación otorgada por la autoridad pública. Esta situación genera una competencia desleal.

Hubo quienes comentaron que Uber estaría amparado por el nuevo Código Civil y Comercial en base a lo dispuesto por el art. 1280, -que define solamente el concepto de contrato de transporte-, no es necesario hacer una extensa lectura para hallar que Uber está funcionando por estos días de forma ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto en el artículo siguiente, el 1281, se establece que rige excepto lo dispuesto en las leyes especiales, con lo cual el argumento de Uber no tiene sustento.

NO ES EL UNICO

Claro que Uber no es el único en su tipo. Numerosas empresas internacionales pretenden ofrecer plataformas similares, y comienzan a arrimarse tímidamente a nuestras tierras.

La aplicación Easy Taxi es una de ellas. Operativa desde hace tres años, su estadía en Buenos Aires siempre estuvo atravesada por el conflicto por no contar con una ubicación física para las oficinas, no tener una mínima flota de al menos 300 móviles, no respetar la tarifa de seis fichas por cada viaje otorgado y violar la Ley 3622 de Código de Tránsito y Transporte, que establece que la única forma de utilizar el servicio de taxis en Buenos Aires es mediante un llamado a la firma de radiotaxis o al detener un vehículo autorizado en la calle.

Luego de su larga batalla, el gobierno porteño inhabilitó a la empresa a principios de este año para operar en la ciudad por cinco años. Y muchos choferes que la utilizaban tuvieron que asociarse con una empresa de radiollamadas para poder operar en las calles porteñas.

En este marco convulsionado llega la compañía española Cabify, que quiere pelear el terreno de Uber y pretende comenzar a operar en mayo.

PROMESAS EN EL AIRE

Si bien la contratación y la operación técnica de los vehículos es similar a Uber, Cabify se diferencia en lo legal, por cuanto aparentemente solicitará autorización a las autoridades y adecuará su funcionamiento a la reglamentación vigente.

Claro que esto es una promesa de los directivos de la empresa, aunque no está exenta de sufrir trabas reglamentarias como sus predecesoras. Habrá que esperar a su desembarco. Solo el tiempo dará luz sobre la verdad.

FALTA DE LEGISLACION

Uber, Easy Taxi, Cabify son solo los nombres del verdadero problema de fondo, que lamentablemente hasta ahora no se analizó ni discutió: la falta de legislación en la aplicación de tecnologías para el servicio de transporte urbano.

Los usuarios reclaman el uso de tecnologías que faciliten el servicio. Por otra los taxistas perciben la amenaza que la aplicación de tecnología trae aparejado: un control impositivo hoy inexistente, por cuanto los impuestos se tributan por una declaración.

Es simple, el taxi no tiene controlador fiscal ni emite facturas por sus viajes. Y ahora vemos la verdadera razón del enojo de cientos de taxistas.

(*) Profesor de Transporte y Derecho Internacional Privado de la carrera de Abogacía de la Universidad Kennedy