La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de los ex funcionarios kirchneristas Aníbal Fernández y Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita, que consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas.
Fuentes judiciales informaron ayer que la Sala II del tribunal de alzada ratificó también los embargos contra el ex jefe de Gabinete de Ministros y los otros procesados -excepto Gollán que no había apelado la caución- hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.
Los delitos en los que supuestamente incurrieron los procesados, según los camaristas, fueron “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
En cambio la Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado, que en primera instancia había dictado el juez federal Claudio Bonadio en el expediente 6606/2015.
Para los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah en las pruebas reunidas en la investigación “demuestran la importante desventaja patrimonial en que se hizo incurrir al Estado en la licitación” del Plan Qunita, que fue presentado en julio último por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“El panorama fáctico planteado en el sumario corrobora, en esta etapa, que el proceso de licitación y adjudicación estuvo plagado de irregularidades con el fin de obtener un beneficio económico, perjudicando con tal proceder las arcas públicas”, fallaron los camaristas.
Los jueces sostuvieron que “se encuentra probado que Daniel Gollán -en su carácter de secretario de Salud Comunitaria primero, y como ministro de Salud de la Nación después-, ha estado a cargo de la gestión y control de la totalidad de la licitación”.
Y sobre Aníbal Fernández sostuvo la Sala que “convalidó con su firma todo lo actuado en el proceso licitatorio al tomar la intervención que le asigna la normativa específica” y resaltó que se abstuvo, en el análisis de la licitación, “formular las objeciones que el caso claramente exhibía”.
De las empresas proveedoras, subrayó que “no registraban antecedentes vinculados con los productos licitados, sino que, por el contrario, tenían objetos sociales relacionados a los rubros de la construcción, gráfico, informático o inmobiliario, entre otros; y presentaban un volumen comercial muy por debajo de los montos de la licitación”.
En febrero pasado Bonadio procesó a Fernández y a los otros acusados por supuesto “direccionamiento” de la licitación del Plan Qunita y el pago de “importantes sobreprecios”.
El Plan Qunita fue presentado por la ex presidenta Cristina Fernández, el 16 de julio pasado en Tecnópolis, y consistió en la distribución de unos 150 mil kits para bebés.
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