En la reforma constitucional de 1994 se incorporó la creación de un tribunal encargado de examinar los actos de corrupción que cometan funcionarios provinciales y municipales. Pero la ley nunca se aprobó y ese organismo jamás comenzó a funcionar. Ahora, la administración de María Eugenia Vidal se dispone a activar una serie de mecanismos para cumplir con esa manda constitucional.
El ministerio de Justicia dispuso convocar a magistrados, funcionarios, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y personas con reconocida labor en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción, para que participen de una mesa de trabajo destinada a la elaboración de un anteproyecto de creación, reglamentación y puesta en funciones del Tribunal Social de Responsabilidad Política.
Ese Tribunal está previsto en el artículo 3 de la Constitución bonaerense reformada en 1994.
PROYECTOS
El Tribunal Social de Responsabilidad Política tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales. “Pese a la gran cantidad de proyectos normativos presentados desde entonces, el mencionado organismo aún no se encuentra en funciones”, señala la resolución dictada por el ministro Carlos Mahiques.
Según consta en la convocatoria, el mecanismo de consulta se desarrollará en dos etapas y durante un lapso de cinco meses.
La primera de ella durará dos meses y se destinará “a la revisión del texto constitucional vigente, el debate convencional constituyente respectivo, la totalidad de los proyectos legislativos presentados y todo otro material que se estime conducente”.
La segunda se extenderá por tres meses y concluirá con la elaboración de un anteproyecto de ley de creación, reglamentación y puesta en funciones del Tribunal Social de Responsabilidad Política.
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