La hiperactividad judicial de las últimas semanas está atravesada por una densa trama de especulaciones y conjeturas. En los ámbitos políticos circulan las más variadas hipótesis y teorías; algunas verosímiles, otras directamente disparatadas.
En ese contexto, algunos le adjudican al juez Sebastián Casanello una supuesta estrategia para “proteger” de alguna forma a la ex presidenta Cristina Kirchner, mientras otros aseguran que, al revés, el magistrado está dispuesto ahora a acelerar toda la investigación de la ruta del dinero y llegar hasta la familia Kirchner si encuentra un sólido andamiaje probatorio.
La causa de Casanello ha alcanzado un nivel de exposición y sensibilidad tan enormes, que cada paso que da o deja de dar el magistrado queda sometido a un exhaustivo escrutinio y a interpretaciones tan diversas como contradictorias.
Los allanamientos en Río gallegos y las estancias santacruceñas de Lázaro Báez ¿fueron ordenados tardíamente? ¿Se les dio tiempo a los Báez para esconder y ocultar dinero u otros elementos comprometedores? Hay visiones comprensivas y otras despiadadas sobre la actuación del magistrado.
Desde un punto de vista comprensivo, se remarca que a partir del video de La Rosadita y de la declaración de Fariña como arrepentido, Casanello ordenó las detenciones de Báez, Pérez Gadín y Chueco, además de instruir a Marijuan para desplegar allanamientos masivos en Santa Cruz.
Desde otra perspectiva, le achacan al magistrado una “demora sospechosa” en el orden de algunas diligencias.
En estas semanas, todos los reflectores están puestos sobre la causa de Lázaro Báez. Pero no hace falta recordar que no es la única que incomoda y complica a los más altos funcionarios del Gobierno anterior. La causa Hotesur es, quizá, la que más preocupa a la ex Presidenta, quien está a un paso de un primer procesamiento (el que ordenaría Bonadio por el asunto del dólar futuro). La unificación de esa causa en manos del juez Ercolini no sería una buena noticia para Cristina Kirchner.
No hay noticias recientes sobre el escándalo de Ciccone, pero aquella causa contra Boudou podría despertarse de un momento a otro.
Echegaray está cerca de un procesamiento, que lo “bajaría” de la Auditoría General. De Vido empezó a caminar los pasillos de tribunales en los últimos días y a Aníbal Fernández le confirmaron el procesamiento por presuntos sobreprecios en el llamado plan Qunita.
En este escenario, otras conjeturas dominan la escena política: ¿Hay una acción concertada en la Justicia Federal para activar las causas por corrupción? También sobre este punto hay interpretaciones contrapuestas.
Otras preguntas suman leña al fuego: ¿Báez podría acogerse a la figura del arrepentido? ¿Se puede quebrar un supuesto pacto de silencio? La Argentina judicial sigue al rojo vivo.
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