La causa penal en la que ayer se ordenó detener al ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, investiga la compra de material ferroviario a España y Portugal por montos que se consideraron de una “desproporción exorbitante” en relación a la calidad de lo adquirido, que -en muchos casos- ni siquiera sirvió para ser utilizado como repuestos. Así lo advirtió el juez Julián Ercolini en la resolución.
Y en virtud de ello consideró que lo ocurrido “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la Administración Pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”.
Ercolini aludió al perjuicio económico ocasionado al Estado porque las compras hechas, en su mayoría vagones destinados al ferrocarril Belgrano Cargas que nunca se utilizaron, “no sirvieron ni siquiera como repuestos”.
Esos contratos se firmaron con las empresas españolas Renfe y Feve por 76.313.108.85 euros (cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha) y con la portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses por un total de euros 25.639.896 ($99.976.197,74).
TAMBIEN DE VIDO
El fiscal Federico Delgado, mientras, sostuvo que su trabajo en la causa se trató de “darle eficacia judicial” al “contundente” informe de la Auditoría General de la Nación y subrayó que su pedido de indagatorias alcanzaba al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Calificó también como “estremecedoras” las cifras recogidas en el informe de la AGN y explicó que la maniobra sospechada se desprende de la existencia de “facturas” por “asesoramientos técnicos que son, en general, el lugar para ocultar el dinero”.
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