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La imagen de Ricardo Jaime, esposado y con chaleco antibalas, mientras comenzaba a ser trasladado desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, es portadora de una acumulación de significado que no sólo remite a la década kirchnerista, sino también al presente y al futuro inmediato de la Argentina, un país en el que la corrupción es una variable de la política.
El ex secretario de Transporte pasará este fin de semana en prisión y mañana deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga una causa por la compra irregular de trenes a España y Portugal en 2005. Más de diez años después, Jaime quedó detenido y aquellos que caminan los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, no le anticipan buenos augurios.
Otra imagen, la del hijo de Lázaro Báez contando pilones de dólares en una financiera de Puerto Madero, puso ante los ojos de la sociedad una actividad obscena, que no puede ser justificada por nadie que transite el camino de la honestidad intelectual. Desde ese momento se multiplicaron los pedidos para que la Justicia avance de una vez contra la corrupción.
Ese clima político y social, que transmite cierta ansiedad por ver presos a funcionarios que cometieron hechos ilícitos, provocó un notorio cortocircuito en la alianza gubernamental Cambiemos, en el que la protagonista fue Elisa Carrió. La diputada se enojó porque entendía que la Casa Rosada estaba influyendo para poner en el freezer las causas de corrupción K.
Desde esa sospecha es que Carrió apuntó contra Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors, a quien considera un operador judicial del macrismo en las sombras. La arremetida de “Lilita” fue tan intensa que le agregó cuestionamientos al “ajuste brutal” del gobierno en materia económica. Y terminó forzando a Macri a convocarla de urgencia a la quinta de Olivos.
SANZ COMO MEDIADOR
En el entorno presidencial habían dejado trascender un fuerte malestar por las críticas de Carrió, por lo que se comprende que también haya sido citado a la reunión Ernesto Sanz, el ex titular de la UCR que fue clave en el armado de Cambiemos. Pese a la vocación mediadora del mendocino, la conversación por momentos fue muy tensa, admitieron voceros oficiales.
Sin embargo, el final del encuentro resultó más calmo, por dos motivos: Carrió asintió un comentario de Macri que le advirtió que “Cristina se está matando de risa” mientras ellos se pelean públicamente, al tiempo que el Presidente comprendió que la diputada puede ser una socia incómoda, pero es portadora de la bandera anti-corrupción desde hace muchos años.
Y siempre es preferible que la demanda de transparencia quede dentro de la alianza oficialista y no sea agitada por sectores de oposición. En ese contexto, Macri, Carrió y Sanz acordaron promover la sanción de la Ley del Arrepentido, como parte de una agenda parlamentaria con la que el oficialismo buscará ratificar la gobernabilidad con iniciativas de fuerte consenso.
El mismo consenso que logró, hay que decirlo, con el proyecto para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano en el Senado, donde consiguió el apoyo de casi dos tercios de la cámara para cerrar el acuerdo con los “holdouts”. En este caso, no sólo fue importante el trabajo de los senadores de Cambiemos, sino también -y especialmente- del peronista Miguel Pichetto.
El rionegrino se convirtió, a la luz de la nueva realidad política nacional, en una figura central de la oposición, con más influencia incluso que los aspirantes a encabezar el PJ, como José Luis Gioja, y también que algunos gobernadores como el salteño Juan Manuel Urtubey, quien encarna una renovación partidaria pero que aún no se anima a dar el paso hacia adelante.
Pichetto articuló una estrategia entre los gobernadores y la mayoría de los senadores del FpV -cada vez más inclinados hacia el PJ y menos condescendientes con el kirchnerismo- digna de ser tenida en cuenta hacia el futuro, no sólo por el gobierno sino también por espacios de la oposición que buscarán suplantarlo en 2019. Su postura privilegió el bienestar general.
Es que no solamente a la Casa Rosada le sirve el acuerdo con los “fondos buitre”. Las administraciones provinciales y los municipios también demandan fondos tanto para financiarse como para atraer inversiones, que -según los pronósticos más optimistas- llegarían desde el exterior una vez que el Tesoro nacional pague a los “holdouts” en Nueva York alrededor de 12.500 millones de dólares.
A esto debe sumarse que el período que integran abril, mayo y junio se conoce entre los economistas como el “trimestre de oro”, por el ingreso de divisas al país. De hecho, se calcula que podrían llegar hasta 250 millones de dólares por día en ese plazo, que será entonces vital para que el gobierno empiece a revertir la tendencia negativa que afecta a la economía argentina.
En ese sentido, el efecto de la inflación se está haciendo sentir a tal punto que los especialistas estiman que este mes trepará hasta el 6 ó 7 por ciento, como consecuencia de las remarcaciones de precios pero también por los aumentos en las tarifas de los colectivos, trenes, agua, gas y nafta. Se trata de medidas de reacomodamiento con alto impacto social.
DEUDA SOCIAL
El prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica acaba de afirmar que al menos 1.400.000 personas cayeron debajo de la línea de la pobreza entre diciembre de 2015 y marzo de este año, debido al ajuste macroeconómico -la salida del cepo cambiario, con devaluación incluida- y a la inflación, que se aceleró notablemente desde octubre pasado.
Tal vez esas estadísticas expliquen, en alguna medida, la cara de pocos amigos del Papa Francisco cuando recibió al presidente Macri en el Vaticano. Pero lo cierto es que buena parte de la política argentina ya se está preguntando por los motivos de la demora del gobierno en instrumentar un plan anti-inflacionario. Hasta sus aliados observan el panorama con inquietud.
Las expresiones de Carrió sobre el ajuste fueron públicas y altisonantes, al clásico estilo de la diputada, pero también en el radicalismo cunde la preocupación. A su vez, los peronistas moderados -tanto los gobernadores como parlamentarios que vienen dialogando con el gobierno- no ocultan su fastidio con lo que califican como la “torpeza” de ciertos estamentos del gabinete macrista.
En ese punto, no ahorran críticas para ministros como Juan José Aranguren (Energía) o Guillermo Dietrich (Transporte). Incluso, cuestionan que se haya anunciado el aumento en el transporte público sólo horas después de que buena parte de la oposición apoyara al gobierno en el Congreso. “Así nos va a costar seguir acompañándolos”, se le escuchó a un senador.
Previendo la situación, varios espacios opositores se reunieron en la semana con las tres CGT en la Cámara de Diputados, para diferenciarse del gobierno en temas como el impuesto a las Ganancias. A ese tren se subió la dupla Massa-Stolbizer, además de peronistas no K como Bossio e incluso algunos kirchneristas que entienden que no pueden continuar aislados.
Sin embargo, los seguidores de la ex presidenta saben que más allá de lo que ocurra en el Congreso, la suerte judicial de Cristina Kirchner correrá por su propia cuenta. El próximo 13 de abril deberá declarar ante el juez federal Claudio Bonadío por la causa del dólar futuro. Ese día habrá un acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py, organizado por La Cámpora.
Aunque la detención de Jaime le agrega ahora al operativo de reaparición de la ex presidenta un condimento por demás inquietante para el kirchnerismo.
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