La posibilidad de disentir por cuestiones políticas es, por supuesto, una de las características esenciales del sistema democrático, pero también es cierto que las diferencias que puedan surgir nunca se deben zanjar a través de métodos violentos o de gestos de intolerancia.
Hace unos años, al rechazarse en esta columna una injustificable agresión que se había cometido contra el anterior Gobernador provincial , como derivación de un escrache realizado por un pequeño grupo de productores rurales en Lobería, se aludió a la creciente permisividad con que el país vino consintiendo en los últimos tiempos la proliferación de actitudes supuestamente sociales, esgrimidas por algunos que -bajo el pretexto de formular reclamos o expresar disconformidad con acciones u omisiones de los poderes públicos o, inclusive, con simples ciudadanos que no piensan como ellos- no trepidaban en incurrir en actos de violencia verbal o física.
Esa misma actitud de reprobación se mantuvo aquí para cuestionar los llamados escraches que se registraron contra políticos, periodistas o ruralistas, por las posiciones críticas u opuestas a las que sustentaba la administración anterior. Se dijo siempre, en ese sentido, que esas muestras de intolerancia significaban -y siguen significando- inexcusables muestras de intolerancia.
De allí que corresponda ahora cuestionar los escraches sufridos por el ex secretario de Legal y Técnica. Como se sabe, el ex funcionario y ex candidato a vicepresidente de la República por el Frente para la Victoria sufrió un primer ataque verbal en el aeropuerto de Ezeiza y, con posterioridad, en el vuelo de American Airlines que lo llevaba a Miami. Allí los pasajeros lo insultaron e intentaron que se bajara de la aeronave. El día anterior había sido abucheado en la cancha de Boca, durante la disputa del equipo local contra River y, en esa ocasión, dos allegados suyos agredieron a uno de los hinchas que lo habían insultado.
Afortunadamente se sumaron de inmediato varias expresiones de repudio, tanto por parte del oficialismo como de la oposición. Entre las primeras, la del ministro de Cultura que cuestionó la matriz autoritaria de esos actos.
Le ha costado mucho al país recobrar la plena vigencia de derechos y garantías, como para permitir que grupos minoritarios se adjudiquen la prerrogativa de no aceptar el disenso. Y, lo que es peor, de incurrir en acciones que bordean lo delictivo. También es cierto que el ejercicio democrático continuado desde 1983 se ha reflejado en una mayor capacidad de concordia entre posturas políticas que, años antes, aparecían como irreconciliables. En la reciente historia y, también, en el presente son muchos, afortunadamente, las pruebas que se acumulan acerca de los crecientes consensos políticos que se alcanzan.
De allí que, entonces, tanto el Gobierno como la sociedad en su conjunto deban velar para que no reaparezcan metodologías autoritarias, que constituyen un claro desmedro de los derechos de los demás y que afectan a otras categorías constitucionales. Pero son los poderes públicos los que primero deben hacer lo necesario para eliminar de la vida pública todas aquellas muestras de división e intemperancia que, inevitablemente, repercuten en forma negativa en la sociedad.
Permitir que continúen estas actitudes sería promover la anomia como modelo de vida social, cuando lo que corresponde es que se les reclame a todos los habitantes sujetarse a los términos institucionales de la vida democrática. Ningún sector del país ni ninguna persona puede arrogarse el derecho de atacar a otros, ni superar las precisas fronteras marcadas por la Constitución y las leyes.
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