El fiscal general de Brasil calificó ayer el procedimiento de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff como ilegal, y afirmó que no es más que un intento de golpe motivado por una “sed de venganza de los enemigos” de la impopular gobernante. En una apasionada defensa de la mandataria ante la comisión de la Cámara baja que evalúa el juicio político, José Eduardo Cardozo, expresó que la ley brasileña permite la destitución en circunstancias muy limitadas, como cuando un jefe de Estado comete un delito grave. Ese, dijo, no es el caso con Rousseff, quien afronta un proceso de juicio político por violar la ley fiscal para ocultar un déficit de presupuestio.
El drama del juicio político tiene lugar en momentos en que Brasil atraviesa su peor recesión económica en décadas, se realiza una pesquisa sobre corrupción centrada en la compañía estatal Petrobras, existe un brote del virus del zika y se efectúan los preparativos para los Juegos Olímpicos que se efectuarán del 5 al 21 de agosto en Río de Janeiro.
“PROCESO INFUNDADO”
Cardoso afirmó que el procedimiento contra Rousseff equivale a “hacer pedazos la Constitución”. Todo el proceso es “completamente infundado”, agregó. Dejó entrever que el intento para destituir a Rousseff, que ganó la reelección por escaso margen a fines de 2014, es una represalia de los enemigos de la presidenta, en particular del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha (que además figura en la lista de poseedores de sociedades offshore en paraísos fiscales develada por la investigación “Papeles de Panamá”). Cunha, principal impulsor del juicio político, afronta cargos de lavado de dinero en relación con la investigación de Petrobras y podría ser despojado de su banca por las acusaciones de que mintió a una comisión legislativa. “Su excelencia, el presidente (de la Cámara de Diputados) Eduardo Cunha, aprovechó sus facultades para emprender su venganza y su represalia” contra Rousseff porque se negó a comprometerse a que el Partido de los Trabajadores (PT) lo apoyara en el proceso contra él en la comisión de ética, señaló Cardozo. “Al dar inicio al juicio político, (Cunha) no tenía como propósito hacer cumplir la Constitución”, agregó.
La Cámara baja votará sobre el juicio político a mediados de mes. Rousseff necesita 172 de 513 votos para frenar el proceso. Si no lo logra -algo probable después de que el partido más grande de Brasil se retirara la semana pasada de la coalición gobernante- el trámite avanzará al Senado.
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