El espejo de la corrupción

Un presidente que se ve obligado a explicar su participación en una sociedad “off shore” en un paraíso fiscal. Un ex secretario de Estado que compra “trenes chatarra”. Una ex presidenta cuyos hoteles estaban siempre llenos. Un contratista millonario, que era cajero bancario, cuyo hijo aparece apilando montañas de dólares en una financiera sospechada de lavado de dinero.

Como si eso fuera poco, el mejor jugador de fútbol del mundo, que no por azar es argentino, también queda implicado en el escándalo de los “Panamá Papers”. Las informaciones se suceden sin respiro desde el fin de semana y dejan flotando en el aire, otra vez, la sensación de que a determinadas alturas, la corrupción no hace más que reflejar las prácticas del poder.

Pero es mejor ir por partes, porque no se puede meter todo en la misma bolsa. Macri dijo que fue “una operación legal” la creación de la sociedad Fleg Trading Ltd, en 1998, como parte de una estrategia del Grupo Macri para hacer inversiones en Brasil. El mandatario fue director y vicepresidente de esa compañía hasta 2009, cuando ya era jefe de Gobierno porteño.

La sociedad “off shore”, radicada en las islas Bahamas, estaba a nombre de Franco Macri -jefe del grupo empresario familiar- y no fue declarada por su hijo el alcalde porteño en 2008 y 2009, pese a que ya cumplía funciones públicas. La explicación oficial al respecto es que Mauricio Macri no obtuvo dividendos por participar de esa compañía en el extranjero. El argumento no le evitó al Presidente aparecer en las tapas de los principales diarios del mundo, entre las personalidades vinculadas a operaciones en paraísos fiscales, como el mandatario ruso Vladimir Putin o el presidente de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien impactado por la revelación llegó a considerar la renuncia y luego se declaró arrepentido.

La reacción del gobierno argentino, en cambio, fue considerada insuficiente por la oposición. Incluso, aliados del Presidente en Cambiemos, como Elisa Carrió, llegaron a pedir que Macri “presente papeles” que avalen su explicación. La diputada viene de tener un encontronazo con el jefe de Estado por la presunta actividad de operadores extraoficiales en el ámbito judicial.

La legisladora apuntó específicamente contra Daniel Angelici, el presidente de Boca, a quien tras un tenso encuentro con Carrió en la quinta de Olivos, Macri le habría requerido que baje el perfil. En la mira del oficialismo, como de la oposición, está el accionar de jueces y fiscales federales, que por una cuestión de competencia llevan las causas por denuncias de corrupción.

Tanto es así, que en los tribunales de Comodoro Py se bromea con la existencia de un “fixture” de citaciones a funcionarios del gobierno anterior, entre ellos la propia ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicilllof y el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli. Aunque por ahora, el más seriamente complicado con la Justicia sería Julio De Vido.

El ex ministro de Planificación fue apuntado ayer por su ex subordinado Ricardo Jaime como el responsable político de la compra de trenes en mal estado a España y Portugal en 2005, causa por la cual el juez Julián Ercolini lo mantiene detenido. Además, De Vido deberá declarar al fin en la emblemática investigación por la tragedia de Once, que mató a 52 personas en 2012.

En aquella dramática ocasión se comprobó la consigna tantas veces proclamada por los familiares de las víctimas: “La corrupción mata”. Así, el dinero que debía destinarse al mantenimiento de ese servicio de transporte masivo, se escurrió en los bolsillos de los funcionarios y empresarios inescrupulosos. Jaime encarna una síntesis de esa perversión.

La alta exposición de casos de corrupción vuelve a poner ante los ojos de la sociedad un cuadro delicado, que generalmente no forma parte de las principales preocupaciones de los argentinos. De hecho, una encuesta de Raúl Aragón realizada el mes pasado indicó que sólo el 1,9% de los consultados manifestó su interés al respecto, pese a su relevancia institucional.

De todos modos, los dirigentes políticos saben que el estallido de un escándalo suele impactar en su imagen pública. Y también en la credibilidad de las instituciones, que está estrechamente ligada al comportamiento de sus representantes. Sólo basta recordar, a modo ilustrativo, que antes de la crisis de 2001 se consideraba al Senado como un verdadero antro de corrupción.

Es que allí se había negociado, de acuerdo a las denuncias de la época, la llamada “Ley Banelco”. Con el paso de los años, las miradas se posaron sobre el Poder Ejecutivo, en sucesivas investigaciones enmarcadas bajo el título de “La ruta del dinero K”. La proliferación de actos de dudosa legalidad lleva ahora a la Justicia a acelerar decenas de causas abiertas.

Aunque la Argentina está lejos de experimentar un proceso de transparencia, como el histórico “Mani pulite” italiano, que se realizó en tiempo real y no cuando los acusados habían perdido la protección del poder. Aquí, en cambio, todo está sometido a la discusión política, que no presta atención a los datos duros y suele cuestionar la supuesta intencionalidad de los jueces.