Rafecas aceptó al Gobierno como querellante en la causa de los hoteles de los Kirchner

El juez federal Daniel Rafecas aceptó a la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Gobierno, como “querellante” en la causa “Hotesur”, donde se investiga el presunto lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz y en la que, en consecuencia, está implicada Cristina Fernández.

El juez admitió un pedido de la titular de la OA, Laura Alonso, lo que le permitirá proponer medidas de acción en el expediente, supervisar su marcha, interrogar a testigos e imputados y eventualmente acusar en la etapa de juicio oral.

Rafecas tomó la decisión pese a que aún no está claro si él es el juez competente en la investigación. Es que el magistrado declaró su “incompetencia” parcial en el expediente -después de que la Cámara Federal decidió que la jurisdicción porteña es la que corresponde para tramitar la causa- y la remitió a su colega Julián Ercolini, quien investiga a la ex presidenta por presunta asociación ilícita y rechazó hacerse cargo de la continuidad de la pesquisa de los hoteles.

EN MANOS DE LA CAMARA

El diferendo es analizado por la Cámara Federal, que deberá resolver si en la causa sigue Rafecas o pasa a Ercolini. Mientras, el expediente continúa a cargo de Rafecas y en ese marco es que hoy resolvió tener como “querellante” a la OA.

Al pedir su admisión, la OA advirtió que Cristina Fernández “justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado”.

Explicó que se investigan “relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor y Cristina F. de Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López”.

“En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales”, precisó.

También pidió que “se investigue el vínculo entre Inversora M&S SA de Cristóbal López y El Retorno SA por el alquiler de la Hostería El Retorno, a través Idea SA, cuyo presidente es Osvaldo Sanfelice”.

“DINERO NEGRO”

La OA quiere que se determine “si estas contrataciones entre las sociedades de la familia presidencial y aquellas que pertenecen a empresarios contratistas de obra pública (modalidad de por sí sospechosa), esconden mecanismos para reingresar al circuito comercial dinero negro -obtenido por el cobro de sobreprecios, el fraude al fisco, y/o destinado al pago de coimas-; si disimulan el pago de comisiones ilícitas al matrimonio presidencial por los negocios obtenidos; y/o si se trata de meras simulaciones destinadas a justificar el incremento patrimonial ilícito de ambos ex presidentes”.

Y pidió que se investiguen “las declaraciones juradas de la ex Presidente, en particular omisiones e inconsistencias entre 2011 y 2013 con relación a cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos y seis terrenos y dos locales en El Calafate” y una deuda con Hotesur.