Por
luis moreiro
Dicen en el barrio: “Si tiene collar, cuatro patas, mueve la cola y ladra, es un perro”. De aplicarse la misma lógica, ¿como llamaríamos al hallazgo de 36 sobres -con especificaciones sobre sus destinatarios- que contenían dinero en efectivo no declarado en los cajones de un escritorio de la Jefatura Departamental de la Policía Bonaerense, en La Plata?
La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, enfrentan un problema que va mucho más allá de la sospecha de haberse topado con pruebas de recaudaciones ilegales de la policía.
Hoy, el poder político de la Provincia debe ratificar que está decidido a cortar los lazos de corrupción enquistados en la policía, con todo lo que eso conlleva.
Al menos durante los 30 años últimos cada gobernador y cada ministro de Seguridad prometió enfrentar la corrupción policial.
Los 36 sobres ahora en poder de la Justicia demuestran, palmariamente, que aquellas intenciones fracasaron... o arreglaron. Al menos, hasta hoy.
Funcionarios de trato diario con Vidal aseguran que el mensaje que baja es claro: ir a fondo. En Seguridad, además, deslizan que los procedimientos de Asuntos Internos y la Justicia, no terminaron. Habría otras dependencias policiales en la mira.
La estructura piramidal de la policía permite suponer que los sobres vienen de abajo hacia arriba. Y en esa pirámide, la jefatura departamental está a mitad camino del vértice.
Vidal y Ritondo tienen la posibilidad, entonces, de demostrar también que el hilo no siempre se corta por lo más delgado.
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