El ex financista platense Leonardo Fariña, preso desde hace dos años en una causa por presunta evasión impositiva e investigado en la causa por “lavado de activos” por la que está detenido el empresario Lázaro Báez, declaró durante más de 11 horas ante el juez Sebastián Casanello.
Antes de comenzar con la extensa indagatoria, Fariña pidió acogerse a la figura del arrepentido, según trascendió, que ya existe para los casos de lavado de dinero, y que el Gobierno quiere proyectar también para causas de corrupción. Lo beneficiaría ante una posible condena.
El imputado también pidió ser acogido por la ley que crea un sistema de “protección” para testigos e imputados cuyas vidas corran peligro en función de los aportes que puedan hacer para el esclarecimiento de una causa.
En ese marco, el juez Casanello; el fiscal Guillermo Marijuán y la defensora de Fariña, la abogada Giselle Robles, escucharon hasta minutos antes de la medianoche el relato del imputado, en un estricto silencio impuesto por el magistrado al reimplantar el “secreto de sumario”, aunque según trascendió habría aportado datos clave sobre la llamada ruta del dinero K (ver pág. 6).
Fariña había declarado, en un programa reciente de TV, en el que incluso le pidió disculpas al periodista Jorge Lanata por haberlo desmentido públicamente: “Esto se tiene que esclarecer con la verdad. Hace dos años que estoy preso, eso fue un golpe. Mi mejor estrategia de defensa es decir la verdad, y que esto se aclare”.
Ayer, a poco de ser llevado ante el juez Casanello, esposado y con una camiseta celeste de mangas cortas, Fariña pidió que se lo incluyera en la ley que en agosto de 2003 creó el “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
Apenas Fariña formuló ese pedido, el juez Casanello reimplantó el secreto de sumario que había levantado en las últimas horas, y blindó literalmente su juzgado para que nada de lo que declarara el ex marido de la modelo Karina Jelinek desde ese momento se filtrara a la prensa.
Anoche, después de las 23, el financista volvió al penal de Ezeiza, donde está detenido por otra causa, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Trascendió que allí, por orden del juez, no podrá estar en contacto con otros detenidos.
PROCEDIMIENTOS
Después del mediodía, el juez dispuso dos órdenes de presentación en organismos públicos (la Supertintendencia de Seguros y el ministerio de Transporte) y un allanamiento en una multinacional del rubro de los seguros en Puerto Madero.
Pero fuentes judiciales deslizaron que esos procedimientos están relacionados con otro expediente, diferente al que involucra a Lázaro Báez y por el que continúa declarando Fariña.
Más temprano, había prestado ampliación de declaración indagatoria el operador financiero Fabián Rossi, quien presentó un escrito en el que reconoció que ayudó a “contar dinero a los empleados de la tesorería” en la financiera SGI, como se vio en un video que precipitó los tiempos de la causa. Pero en ese escrito, aseguró que ignoraba los detalles y que perteneciera a Lázaro Báez, y afirmó que su rol era hacer marketing y relaciones públicas (ver aparte).
Poco antes de las 21, cuando la declaración de Fariña continuaba (un servicio de delivery llevó comida y los protagonistas de la declaración apenas si la interrumpieron algunas veces para ir al baño), personal de seguridad de los tribunales federales ordenaron “despejar” el piso en el que se desarrollaba el trámite, incluida la prensa.
Fuentes judiciales no descartaron que el juez Casanello pudiera ordenar en las próximas horas nuevos procedimientos judiciales, e incluso que la ampliación de indagatoria de Fariña pudiera continuar .
INHIBICION DE BIENES
De hecho, el juez Casanello decidió inhibir los bienes de la empresa aérea Top Air, propietaria de los aviones que transportan al empresario Lázaro Báez y de la que también es accionista.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado tomo la decisión de inhibir los bienes de Top Air durante la larga jornada judicial en la que además reimplantó el secreto de sumario en la causa por supuesto lavado de dinero. Ese paso anticipa habitualmente la orden de allanamientos y medidas de prueba que podrían malograrse sin la reserva necesaria.
La empresa de taxis aéreos Top Air pertenece en un 51 por ciento a otro de los imputados en la causa por presunto lavado de dinero, Walter Zanzot, quien aparece en el video donde cuentan fajos de dinero cuya propiedad ya reconoció Báez.
Zanzot viajaba con Báez el lunes pasado en el avión que los trajo desde Santa Cruz, a cuyo arribo el empresario amigo de la familia Kirchner fue detenido en el aeropuerto de San Fernando.
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