La Cámara de Diputados bonaerense sesionará dos semanas consecutivas para apurar la sanción del proyecto de ley que declara el estado de emergencia administrativa y tecnológica en la Provincia impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.
La norma fue aprobada la semana pasada por el Senado en una conflictiva sesión y remitida a la Cámara baja.
En Diputados, la idea es respetar una de las consignas que busca imprimir el presidente del cuerpo, Jorge Sarghini, la de no aprobar proyectos, “sobre tablas”.
Por eso, la intención del oficialismo en la Cámara baja es convocar a sesiones consecutivas para este jueves y para la semana próxima. En la primera, buscarán darle “moción de preferencia” al proyecto. Y en la sesión de la semana próxima, tratarlo en el recinto.
Con esa estrategia, el oficialismo evitaría tener que conseguir el acompañamiento de una mayoría especial, necesaria por ejemplo para habilitar el tratamiento del proyecto “sobre tablas”, es decir, sin despacho de comisiones.
La norma fue aprobada el jueves de la semana pasada en el Senado en el marco de una conflictiva sesión, en la que Cambiemos logró el acompañamiento de las bancadas del Frente Renovador massista y del PJ, además de los bloques menores aliados, como el 8 de enero de Omar Foglia y Justicialismo Bonaerense.
En tanto, el Frente para la Victoria lo rechazó.
Desde la bancada del kirchnerismo explicaron que la norma “otorga facultades extraordinarias” para la gobernadora Vidal y “prolonga el estado de excepción con el que quiere gobernar la Provincia”.
La iniciativa, girada a la Legislatura por la gobernadora María Eugenia Vidal, apunta a agilizar los plazos de trámites y expedientes administrativos, al modificar, entre otros aspectos, el procedimiento de contratación de bienes y servicios.
La norma fue eje de una extensa discusión en comisiones en el Senado, donde el oficialismo debió aceptar incorporar numerosas modificaciones al texto original que había enviado el Ejecutivo para lograr el acompañamiento de sectores de la oposición.
DESACUERDOS
El mayor desacuerdo sobre el proyecto final se centró sobre la Regulación del contrato de servicio y régimen salarial del personal de gabinete. Entre otras cosas, se establecen las condiciones de los contratos de servicios que se podrán celebrar durante la Emergencia Administrativa. Desde algunos sectores se denunció que estás condiciones se apartan de las previsiones contenidas en la Ley 10.430.
En general, la polémica se da sobre todo en el artículo 25, el cual establece que “la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prorroga, ni creará una relación de dependencia” con el Estado provincial, y que “una vez operado su vencimiento, el contratado deberá finalizar las tareas a su cargo sin derecho a remuneración alguna”.
El artículo 26 también genera resquemores, dado que sostiene que “no resultarán aplicables a los contratos de servicios regulados por la presente ley, las previsiones contenidas en la Ley 10.430 y modificatorias –Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública”.
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