No solamente los cincos efectivos policiales, implicados en la investigación por la aparición de 36 sobres con 153.700 pesos, en una oficina de la Jefatura Departamental local, deben afrontar la acusación penal, encabezada por el fiscal Marcelo Martini, sino que además tienen otro frente abrierto: el administrativo.
Como se sabe, desde que este caso tomó estado público, el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Cristian Ritondo, decidió ponerlos en disponibilidad preventiva, estado que, de acuerdo a calificadas fuentes de la fuerza, por ahora no tendría modificaciones.
Si bien -a partir del fallo de la Sala III de la Cámara Penal- ayer se especuló con la posibilidad de que los imputados pidieran una revisión de su situación laboral y, la inmediata incorporación a algún destino, los voceros consultados explicaron que, al menos por el momento, de producirse esa petición, no encontraría una favorable acogida entre las máximas autoridades de la Cartera.
Es que, según dejaron trascender, “todavía hay circunstancias para las que no encontramos respuesta. Por ejemplo por qué había sobres con dinero en una Departamental. Para nosotros, una cosa es la causa penal y, otra muy distinta, la ley que rige a la Policía”.
“Esperaremos lo que determine la Justicia y también lo que resulte del sumario interno. En uno u otro caso, todavía no está nada cerrado”, agregaron.
Si reconocieron que, en este estadío del proceso, la medida de la exoneración, la más grave dentro de las sanciones con las que puede ser castigo un funcionario policial, “no se puede adoptar”.
Como se sabe, la disponibilidad preventiva “es una medida cautelar provisoria incluida en la situación de revista del personal policial, que implica la suspensión temporal del ejercicio de las funciones, conlleva el retiro del arma reglamentaria, la credencial y la retención del 50 por ciento del sueldo y demás emolumentos, salvo las asignaciones familiares”.
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