Las rejas de la entrada principal de casa de Gobierno de la Provincia, están cerradas. Los jardines circundantes y el hall están custodiados por la Guardia de Infantería de la Bonaerense, que viste ropas atigradas, cascos y escudos. Afuera, sobre la Plaza San Martín, retumban los bombos y los cánticos de la multitudinaria marcha convocada por los gremios estatales que cumplen otra jornada de protesta. Sin embargo, desde los despachos cercanos al de la gobernadora María Eugenia Vidal, los redoblantes suenan apagados. Un encumbrado funcionario del gobierno dice ante EL DIA: “Estamos bien”.
Habla, por cierto, de una suerte de balance de los primeros cinco meses de la gestión Cambiemos y en ese “estamos bien”, cree resumir la nueva administración. “Venimos de la no-gestión. Y ahora hay gestión. Si la escala es mal, bien y muy bien, lo anterior era mal. Nosotros, tenemos un bien”, sostiene.
La mirada, tal vez optimista, da pie a una larga lista de razones con las que se pretende sostener la aseveración inicial. Todas, estén relacionadas con la seguridad, la educación, la salud, la asistencia social, o la administración del personal del Estado, tienen el mismo punto de partida: la herencia recibida. Herencia que, desde Vidal hasta el último de los funcionarios, reconocen –aunque no terminan de denunciarlo cabalmente- como casi catastrófica.
Se percibe en el seno del gobierno bonaerense una nítida línea de conducción -sostenida también desde la Nación- que los lleva a suponer que a partir del segundo semestre bajará la inflación y comenzarán a verse algunos resultados.
Colaboradores de trato diario con la gobernadora pronostican que, en el mejor de los casos, habrá que tolerar dos meses más de precios en alza y en el peor de los escenarios, cuatro. Después, dicen, se verá la luz al final del túnel.
El mensaje que se intenta instalar -hasta ahora con relativo éxito- podría resumirse en tres pasos: Primero, bajará la inflación, luego se lanzará la obra pública y en una tercera etapa, llegarán las inversiones; primero las extranjeras y luego las nacionales. Así y en ese orden.
Ayer, en la Gobernación, se destacaba la explicación que Mario Blejer había ensayado el martes a la noche en un programa de TV. “La gente debe comprender que para bajar la inflación, primero hay que subirla”, dijo el economista, palabras más, palabras menos. Cuentan los infidentes que, camino a una reunión de Gabinete en Chascomús, la gobernadora alabó ese discurso. “Por primera vez escuché alguien sensato diciéndole la verdad a la gente”, deslizó.
Saben, sin embargo, que no tienen frente a ellos una senda tapizada de pétalos de rosas. Más bien, parecen prepararse para caminar sobre las espinas.
Frente a la acuciante situación que plantean algunos gremios estatales la postura es, más bien, de enojo. Los dividen en dos grupos: los que tienen voluntad negociadora y los que tienen voluntad de conflicto.
En Cambiemos creen que los gremios que repiten que el 16 % otorgado en paritarias hasta julio es el aumento de todo el año, no dicen la verdad y sólo apuestan a conflicto
En la lógica de la negociación, desde Cambiemos argumentan: “Si dimos un 16% de aumento en la paritaria hasta julio, significa que vamos a dar, por lo menos, el 32% en todo el año. A nadie se le puede ocurrir que en el segundo tramo vayamos a ofrecer menos que en el primera. Ahora, si los dirigentes gremiales repiten ante los medios que el 16% es para todo el año, ocurren dos cosas: no dicen la verdad y sólo están apostando al conflicto”.
Aunque la gobernadora no lo dice públicamente ella cree y así se lo hace saber a sus colaboradores, que para conocer realmente lo que piensan los trabajadores, hay que caminar, hablar, entrar a los hospitales y dialogar cara a cara con los médicos. La fórmula, se sabe, a ella le rindió frutos. Tanto, que la depositó por cuatro años en la Casa de Gobierno de La Plata.
Los equipos de trabajo de Vidal, hasta el momento, parecen tallados por un mismo cincel: el que le imprimió Macri a su anterior gestión como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Salvando las distancias entre las realidades y las urgencias de dos escenarios tan disímiles (Provincia y capital federal), la esencia parece ser la misma: modernizar el Estado, hacer eficiente el gasto, darle primordial importancia a la obra pública y enfrentar la corrupción.
El problema al que se enfrentan en territorio bonaerense no es menor. Primero, deben conseguir la demorada aprobación de la Ley de Emergencia Administrativa (se trata entre esta semana y la venidera en la Cámara de Diputados) y luego, aplicarla. Los cálculos más optimistas hablan de una adecuación a las nuevas exigencias, recién para finales de 2017. Después de las elecciones de medio término.
Dicen y reiteran en la Provincia que en junio arrancan 135 obras ya licitadas por los municipios con los fondos provistos por el endeudamiento provincial. Dicen y reiteran, que luego -septiembre, tal vez- comiencen las obras encaradas directamente por la Provincia. Aseguran que en enero se comenzará a trabajar en la cuenca del río Luján.
La gobernadora -que prepara un viaje a Estados Unidos para el mes que viene en busca de inversiones- volvió poco menos que exultante de su paso por Chile la semana pasada por el interés encontrado en quienes pretenden invertir en la Provincia. Tal vez, en un alarde de optimismo, desde el ministerio de Infraestructura sostienen que en poco tiempo se harán diez licitaciones por día en la Provincia. Desde el ministerio de Economía, cuentan que Hernán Lacunza pide cautela a la hora de analizar las propuestas que llegan. “Hay de todo tipo, color y calidad. Debemos ser muy cautos a la hora de analizarlas”, deslizan desde el edificio de 8 y 46.
En los despachos de Economía, además, se trabaja en otro de los objetivos que se fijó la Gobernadora: la recuperación para la Provincia del Fondo del Conurbano. Dicen que Vidal lo tomó como una cruzada en la que no está dispuesta a ceder, aunque le lleve los cuatro años de gestión. El objetivo de máxima es recuperar los 48.000 millones de pesos que, suponen, le corresponde.
La anunciada reunión que Vidal iba a mantener esta semana con los legisladores nacionales para avanzar sobre el tema, quedó postergada. El debate sobre la ley antidespidos no admitía agenda para otras cuestiones en el Congreso de la Nación.
Lacunza maneja varias alternativas, según se dejó trascender. Por ahora, las mantienen en reserva. Pero la línea está trazada. Y Vidal no parece estar dispuesta a ceder.
SUSCRIBITE a esta promo especial