“Conocerme a mí mismo? Si lo hiciera, saldría espantado!”... Este temor reverencial de Goethe a la propia evaluación de nuestras condiciones morales es oportuno para días de inusitada visibilidad de las patologías que el descontrol del poder ofrece en nuestra república. Bóvedas secretas de los amigos de la obra pública, sobres rotulados con delitos en las comisarías, supuestas cuentas evasoras en paraísos fiscales de quienes detentan poder público, funcionarios con un estándar de vida desajustado para sus ingresos declarados, y tantos etcétera que ilustran cómo se suele volver inexorablemente egoísta el ejercicio del poder cuando flaquea el control.
Corresponde empezar por las malas noticias: la corrupción es una enfermedad institucional incurable, en tanto los desvíos del poder son intrínsecos a su ejercicio. No hay sistema en el mundo que no tenga incidentes de corrupción, aunque es claro que existen diferencias notables de su gravedad entre los distintos países del orbe, como lo indican anualmente los índices de transparencia internacional. La premisa constante suele ser que los países menos corrompidos por este mal congénito son los que lo reconocen como una patología peligrosa, y por ende habilitan mayor acceso a la información y mejores mecanismos de control permanente de la actividad pública, además de una alta rotación de liderazgos. Por el contrario, los países que asimilan los actos de corrupción como algo natural, usualmente se caracterizan por estar hundidos en un círculo vicioso de silencio informativo, descontrol y autoritarismo.
Por ello, rescatando el desafío de la autopregunta ética inicial, será oportuno sincerar que es propio de la particular idiosincracia argentina el vanagloriarnos de la viveza criolla, donde el simple cumplimiento de los deberes legales (pagar impuestos, votar, denunciar delitos, atestiguar) suele ser vivido como una esquiva hazaña y no como una natural y esperada contribución al funcionamiento del sistema constitucional. Por ósmosis, de esa mentalidad cívica displicente para encarar obligaciones, difícilmente pueda esperarse que surjan superhombres de ética reforzada cuando alcancen el poder. En lo concreto y de acuerdo a nuestra experiencia histórica, deberá madurar el abandono del paternalismo político (la esperanza infantil de la elección de un mesías que nos salvará y todo hará desinteresadamente por sus súbditos), y sincerar que cada tanto suele quedar investido con una importante cuota de poder el mismísimo Drácula, o más frecuentemente, un humano que se metamorfosea por ceder a las tentaciones del poder. El carácter intrínsecamente demoníaco del poder ha sido definido psicológicamente como algo recurrente para quienes se encumbran en su ejercicio, se aíslan en su entorno decisional y, frecuentemente, se creen insustituibles en tal tarea. Contra ello, sólo nos inmunizará un sistema de control eficiente que se base en la desconfianza permanente de la autoridad, para así reforzar el peso de las instituciones y evitar -o atenuar- que los monstruos (o quienes en ellos se conviertan dentro de la burbuja del poder temporal) hagan de las suyas con los fondos de todos.
Y esto lleva a la segunda cuestión: ¿por qué tenemos sorpresivamente una verdadera irrupción informativa sobre avances judiciales contra la corrupción estatal? La pasividad por larguísimo tiempo en el control judicial de los desvíos en la actividad pública (centralizada en unos pocos jueces y fiscales comúnmente muy politizados en su designación), ha sido interrumpida por un festival de imputaciones y allanamientos, que lamentablemente también permiten sospechar más una reacción corporativa tardía y revanchista contra quienes ya no están en el poder, que una señal del inicio de una etapa de control eficiente y simultáneo. El control pendular (ausente o hiperkinético por lapsos intermitentes), no pareciera ser un síntoma para festejar, sino sólo para evidenciar lo que no se hizo inexplicablemente por tanto tiempo, y que presumiblemente vuelva a pasar respecto a cada oficialismo de turno, si se mantiene este esquema excluyente de control judicial concentrado. Tampoco mucha esperanza aporta la existencia de una Oficina Anticorrupción, entidad administrativa carente de objetividad mientras siga ignorándose su autonomía real y se designe para dirigirla a propios militantes del partido en el gobierno.
BUENAS NOTICIAS
Pero no todo es malas noticias, las hay también saludables respecto a esta dolencia congénita: los avances que la nueva ley de acceso a la información pública está proponiendo, indudablemente facilitarán las tareas de investigación periodística esenciales para visibilizar la realidad moral de la república. O, dado que la corrupción no sólo afecta al ámbito estatal, también es loable el impulso del proyecto legislativo de la diputada Carrió para extender la obligación de monitorear permanentemente la evolución patrimonial de todos los representantes corporativos que manejan fondos ajenos (sindicatos, asociaciones empresariales, etc). Y en lo local es para celebrar la iniciativa del actual ministro de Justicia bonaerense de resucitar la olvidada figura de un Tribunal Social de Responsabilidad Política, institución diseñada constitucionalmente hace 22 años, pero nunca reglamentada: esperemos que ahora sí se la materialice como un complemento de fuerte participación cívica que fortalezca la legitimidad del sistema de control.
En definitiva, es indudable que la corrupción es un verdadero cáncer agresivo que avanza en todos los sectores estatales y sociales, contagiando deslegitimación y desesperanza, debilitando la confianza social imprescindible para respetar a la ley como medio racional de convivencia. Y tanto como esa grave enfermedad, luego del doloroso pero imprescindible reconocimiento de su existencia y su gravedad, el mejor antídoto será siempre la prevención oportuna para evitar su profundización. En este sentido, pareciera fundamental repensar una instancia verificadora más inmediata de las denuncias anónimas a través de, por ejemplo, un Consejo General de Transparencia Pública (colectivo, pluripartidario y con presencia de las ONGs más representativas de fomento cívico) que permitiría que se evalúe liminarmente la verosimilitud o no de la denuncia (desechando aquellas tan frecuentes que solo tienden a judicializar las adversidades ideológicas), con facultades de suspensión en el cargo al funcionario pertinente y de habilitar la denuncia institucional a la Justicia para que continúe la investigación más pausada del delito, correspondiendo en caso de imputación efectiva su debate público y resolución por juicio por jurado cívico. Este último punto será central: involucrar a la ciudadanía en el juzgamiento final de todo acto delictivo comprobado en la función pública; sólo con su veredicto se relegitimará la confianza en el sistema constitucional.
Frente a los últimos resultados electorales, es obvio remarcar que el olvido de la imprescindible lucha contra la corrupción para una mayoría ha opacado muchas conquistas políticas y relativizado logros sociales. Pero también ha dejado un mensaje contundente a quienes temporalmente detenten el poder a futuro: la transparencia no puede ser una mera promesa electoral, sino una obligación constitucional. Sólo así se cumplirá con el objetivo constitucional de afianzar la justicia en nuestra república.
(*) Abogado constitucionalista
SUSCRIBITE a esta promo especial