BRASILIA.- La presidenta brasileña suspendida Dilma Rousseff prometió ayer que utilizará “todos los medios jurídicos” para pelear contra su suspensión permanente en el juicio político que se inició en su contra, lo que avivó el espectro de una persistente agitación política en momentos en que el líder interino Michel Temer trata de rescatar una economía en picada. Horas después, Temer hizo una exhortación a la unidad, al tiempo que prometió mejorar la economía y respaldar una amplia investigación por corrupción en la estatal Petrobras.
En declaraciones matutinas después de que el Senado votó a favor de iniciar un juicio político en su contra, y en el que podría haber sido su último evento oficial en el palacio presidencial, la primera mujer presidenta del país calificó el proceso como “fraudulento” y dijo que era una injusticia más dolorosa que la tortura que padeció bajo una dictadura militar en el pasado. Asimismo, rechazó nuevamente la acusación de sus críticos de que había utilizado ardides contables ilegales para manejar el presupuesto federal.
“Pude haber cometido errores, pero nunca he cometido crímenes”, dijo Rousseff en una alocución de 14 minutos, flanqueada por decenas de funcionarios de alto rango y miembros de su Partido de los Trabajadores (PT, de izquierda).
La decisión del Senado vino después de meses de intensa batalla política en medio de la indignación del pueblo por un enorme escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras y de una debacle económica, y ha arrojado al gigante latinoamericano a la incertidumbre política a sólo unos meses de que sea anfitrión de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. En declaraciones ante varios miles de partidarios mientras dejaba el Palacio de Planalto, Rousseff dijo que las acusaciones no son más que una maniobra de distracción del tema medular, parte de “un golpe de Estado” orquestado por sus enemigos hambrientos de poder. “Soy víctima de una gran injusticia”, expresó Rousseff, y añadió: “He luchado toda mi vida y voy a seguir luchando”. Rousseff ha dicho reiteradamente que luchará contra su remoción, pero no explicó cómo piensa hacerlo, y la mayoría de los caminos ya se le han cerrado. Hasta ahora, el Supremo Tribunal Federal, la corte suprema de la nación, ha rechazado opinar sobre el caso en su contra. El Senado tiene 180 días para realizar un juicio y decidir si Rousseff debe ser retirada del cargo de manera permanente, en cuyo caso Temer sería presidente interino durante el tiempo que le restaría a ella; es decir, hasta diciembre de 2018. Algunos de sus partidarios han prometido una campaña de protestas y huelgas que podrían complicar los esfuerzos de Temer para gobernar.
SUSCRIBITE a esta promo especial