El fallo judicial que declara anticonstitucional la parte de la ley universitaria que garantiza el ingreso irrestricto a la educación superior sólo afecta al actor que presentó el amparo, la Universidad de La Matanza, pero abre un fuerte debate sobre los alcances de la autonomía universitaria, el esquema de admisión libre al sistema y las repercusiones que pueda tener el dictamen en otras casas de estudio.
Lo dispuesto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Pablo Cayssials, fue apoyado públicamente por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionado por la ex diputada y una de las autoras del proyecto de ley universitaria aprobado por todos los bloques del Congreso -excepto el del Pro-, Adriana Puiggrós, y calificado como “impensable” para la UNLP por su rector, Raúl Perdomo.
autonomia
Su par de La Matanza, Daniel Martínez -un “peronista clásico”, como se define-, adujo ante la Justicia que la Ley 27.204 que modificó varios artículos de la Ley de Educación Superior de 1994 (LES) viola la autonomía universitaria. Opinó que “es demagógica, apela al facilismo y confunde a la sociedad. Establece un régimen de acceso, permanencia y graduación que debe ser definido por cada institución”, enfatizó.
El fallo plantea “el pleno ejercicio del derecho a la educación superior, pero sobre la base de la capacidad de cada uno”.
En esa línea se pronunció Esteban Bullrich. Dijo que el fallo no lo sorprendió porque responde a “una ley mitológica basada en una propuesta demagógica” del kirchnerismo. “El ingreso irrestricto no se puede poner por ley. Hoy en día hay muchos que, por la mala calidad del sistema educativo, no pueden ir a la universidad”, consideró.
La cartera educativa no apeló el fallo, el mismo quedó firme y por ese motivo recibió duras críticas de sectores opositores. Asimismo, Bullrich se mostró de acuerdo con la decisión judicial.
Por su lado, el rector de la Universidad de La Matanza contó que por año ingresa el 60% de entre 25 mil inscriptos. “No hay aulas ni fondos ni docentes para recibir a todos. Y la ley no prevé financiación para garantizar el acceso irrestricto”, apuntó.
“el maximo interes publico”
“La de la autonomía es una discusión difícil. ¿Hasta dónde llega cuando en medio hay cuestiones de máximo interés público?”, se preguntó el rector de la UNLP, Raúl Perdomo, tras afirmar que el fallo judicial en cuestión “no sienta ningún precedente” y que vale sólo para la Universidad de La Matanza.
“Aquí es impensable un planteo de ese tipo”, subrayó Perdomo y añadió que “el ingreso irrestricto y la gratuidad están en un orden superior a la autonomía porque es toda la población la que financia el sistema universitario”.
“Nosotros tenemos un altísimo concepto sobre la autonomía, y en esos puntos de la ley no nos hemos sentido avasallados. Sí nos sentíamos avasallados cuando regía el anterior artículo sobre el ingreso, que permitía decidir el sistema de admisión a las propias facultades en universidades con más de 50 mil alumnos”, remarcó, en clara referencia al ex esquema restrictivo de Medicina.
La coautora del proyecto que el Congreso convirtió en ley a fines del 2015, Adriana Puiggrós, dijo a este diario que ella no tenía porqué apelar el dictamen, y remarcó que el mismo atañe únicamente a la Universidad matancera.
Consultada sobre la posibilidad de que otras casas de altos estudios sigan el camino judicial para restringir el ingreso señaló que esperaba que no, y afirmó que “hay una discusión acerca de la jurisprudencia que sienta este fallo”.
El decano de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Vicente Atela, opinó en diálogo con EL DIA que el fallo del juez Cayssials puede ser utilizado como precedente, aunque resultaría un antecedente débil.
“Hay criterios distintos sobre la educación en general y la superior en particular. El meritocrático que postula formar a unos pocos -apuntó con un dejo de ironía Puiggrós-, y otro que considera que un país con pocos habitantes que produce alimentos para 500 millones de personas no puede permitirse no garantizar educación para todos con el fin de formar más profesionales, científicos, investigadores; Argentina necesita más profesionales”, realzó.
Y finalizó: “La autonomía (universitaria) no puede estar por encima de la educación como derecho humano. Y así la definen nuestra Constitución y los tratados internacionales”.
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