Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI-Cambiemos) le pidieron al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la declaración jurada de bienes de los miembros del máximo tribunal, del encargado de las cuentas de ese cuerpo y de los jueces federales.
También solicitaron al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, la información relativa a las empresas contratadas para la ejecución de obras y prestación de servicios por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo.
Así lo expresaron en dos cartas enviadas a los titulares de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura con el fin de “transparentar” la gestión pública. Carrió había denunciado por enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte, pero las pesquisas hechas por el fiscal Gerardo Pollicita indicaron que no había elementos para la sospecha y pidió el cierre de la investigación.
“Creemos importante que todo funcionario debe hacer público su patrimonio”, dice la carta enviada por Carrió y Sánchez a Lorenzetti. “No encontramos motivos para una respuesta negativa a la presente requisitoria, siendo que ayuda a afianzar la justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”, añadieron.
En ese sentido, el manejo de los recursos de la Justicia fue puesto en la mira de Carrió, que pidió un detalle del dinero invertido en los últimos diez años y las obras pendientes de ejecución para ese Poder.
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