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“En tres meses, estaremos en el uno por ciento mensual”. Elisa Carrió se paró frente a los micrófonos y buscó llevar tranquilidad en uno de los asuntos que desvelan a los argentinos: la inflación. La diputada se apartó por un momento de su prédica anticorrupción, para sumar argumentos al elenco oficialista en su rechazo a la ley antidespidos que debate el Congreso.
La escena tuvo lugar en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, a pocos metros del recinto donde el kirchnerismo fracasaba en su intento de aprobar sin cambios el proyecto que ya tiene sanción del Senado. ¿Por qué Carrió habló sobre la inflación? ¿Cree la diputada que el gobierno no comunica bien lo que está haciendo para frenar la suba de precios?
“El gobierno no me indica lo que tengo que decir. Soy una libre pensadora”, agregó “Lilita” como si le hiciera falta ofrecer una prueba de su buena fe y, al mismo tiempo, despejar las dudas que provoca el rumbo económico. Lo cierto es que el fenómeno inflacionario está instalado en cualquier conversación, como cuando se habla del pronóstico meteorológico.
No es para menos: el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires -uno de los indicadores que quedó en pie tras la demolición de la credibilidad del INDEC- estimó para abril la suba más alta en los últimos 14 años, un 6,5%. Semejante cuadro obliga a los consumidores a achicar gastos, lo que termina derivando invariablemente en un enfriamiento del mercado interno y en un clima de malhumor social.
Las pymes se quejaron amargamente sobre esto en las audiencias de las comisiones que trataron la ley antidespidos en la Cámara baja. Un comerciante de Lomas de Zamora llamó la atención sobre una fuerte caída de las ventas, mientras que otro de La Matanza advirtió que hay cada vez más locales en alquiler, porque los dueños de los negocios se ven obligados a bajar las persianas.
Los diputados de la alianza gubernamental Cambiemos quedaron realmente preocupados por el panorama que pintaron los empresarios pyme, porque no bajaron línea ideológica –como sí lo hicieron los convocados por el kirchnerismo- sino que hablaron desde su experiencia real y encima manifestaron su rechazo a la ley antidespidos, tal cual pregona el presidente Macri.
Pero lo más probable es que en la reunión de labor parlamentaria prevista para el martes, los bloques de oposición –incluido el massismo- lleguen a algún tipo de acuerdo para sancionar el miércoles la “emergencia laboral”, con vigencia por 180 días y retroactiva al momento en que fue aprobada por el Senado, a finales del mes pasado, con la doble indemnización incluida.
Ese acuerdo depende de conversaciones que iniciarán mañana en el ámbito parlamentario los referentes del Frente Renovador, el Frente para la Victoria y el Bloque Justicialista, además del interbloque Progresistas. Aunque tras el fracaso de la sesión especial impulsada por el FpV, quedó claro que la iniciativa sólo avanzará si el massismo logra colar beneficios para las pymes.
El interbloque UNA que lidera Massa no es de los más numerosos en la Cámara de Diputados, pero tiene la llave para destrabar cualquier negociación, tanto a favor del oficialismo como de la oposición. Tanto, que así como la semana pasada su ausencia en el recinto fue un alivio para el gobierno, esta que comienza puede darle un fuerte dolor de cabeza al Palacio de Hacienda.
Es que el apartado para las pymes que pretende incluir en la ley antidespidos tendría un costo fiscal que rondaría los 100.000 millones de pesos, a ser costeados únicamente por el Tesoro nacional y no por las Provincias, al menos hasta que se concrete la devolución del 15% de la coparticipación federal, algo que no ocurrirá en el plazo que pretende tener vigencia la norma.
En este contexto, el mejor escenario para el gobierno no es que el massismo logre introducir modificaciones al texto para dilatar su aprobación en el Senado, como lo acusó el FpV, sino que no haya acuerdo entre los bloques opositores para evitar que Macri tenga que firmar un veto presidencial. Ese también puede ser uno de los escenarios posibles en los próximos días.
Mientras tanto, la Casa Rosada hizo notorios esfuerzos por deslegitimar la avanzada de la oposición. El Presidente no sólo encabezó el anuncio de beneficios para las pymes, sino que también inició una ronda de presentación de obras públicas con especial foco en el Gran Buenos Aires, que es donde se siente con fuerza la parálisis en el sector de la construcción.
En ese tren, Macri estuvo ayer en un barrio de Tres de Febrero, hasta donde llevó un mensaje guionado por los estrategas de la comunicación gubernamental: dijo que “las obras deben estar asociadas a soluciones, no a hechos de corrupción”. Al jefe de Estado ni siquiera le hizo falta aclarar que se refería al “modus operandi” del kirchnerismo para que lo entendieran.
El mandatario hizo esa referencia un día después de que se conociera el procesamiento de su antecesora Cristina Kirchner, en la causa que investiga si existió una maniobra con el “dólar futuro” en las semanas previas a concluir su mandato. La resolución fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío y no tomó por sorpresa a los principales funcionarios del gobierno.
La actitud del magistrado, que por cierto tuvo más fundamentos para procesar a Julio de Vido por la tragedia de Once, llevó al kirchnerismo a denunciar la existencia de una persecución política y a advertir que buscan proscribir a la ex presidenta de las próximas elecciones. Esto último, sin tener la más mínima certeza de que la dama vaya a participar de la contienda.
A modo de contraataque, los laderos de la ex presidenta pusieron el ojo en la actividad de los empresarios Angelo Calcaterra y Nicolás Caputo, el primo y el amigo más cercano de Macri, tanto en términos judiciales como comunicacionales. El Gobierno ya está advertido de que se están realizando investigaciones periodísticas sobre la vida de estos hombres de negocios.
Nada nuevo bajo el sol: el kirchnerismo supone que se pueden replicar los resultados que tuvieron en los últimos años las revelaciones sobre Lázaro Báez -ahora preso en la causa por “la ruta del dinero K”- y Cristóbal López, por citar dos casos de empresarios amigos del poder. Con un condimento singular: Calcaterra y Báez fueron socios en alguna licitación de obras públicas.
La relación del macrismo con el mundo de los negocios fluye más natural que la que tuvo el kirchnerismo. Así, no extrañó que se sucedieran anuncios de inversiones realizados por diversas empresas en los últimos días, a tono con las expectativas del gobierno. Desde Toyota, pasando por Telefónica de Argentina y también Arcos Dorados, que gestiona Mac Donalds.
SALARIOS
Sin embargo, esos movimientos empresarios no le alcanzan por ahora al gobierno para generar expectativa de tal manera que neutralice el debate por los despidos. Por eso, el Consejo del Salario sesionará esta semana y seguramente anuncie un aumento del seguro por desempleo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tendrá allí una buena oportunidad para redimirse.
El funcionario viene de cometer un desliz al plantear, en medio de esta situación, un debate sobre si es necesario institucionalizar los descuentos de sueldos en casos de huelga. La falta de “timing” resultó llamativa para un ministro que sabe que jugar en la primera de la política no es para cualquiera. Menos aún, cuando se está implementando un ajuste de proporciones.
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