La polémica por una multa a siete concejales ahora va a la Justicia

Un extenso tironeo por la sanción que el Tribunal de Cuentas de la Provincia impuso en 2013 a siete concejales terminó ahora en la Justicia, en medio de una fuerte polémica. Se trata de una multa aplicada a los integrantes de la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante por no haber tratado ese año la rendición de cuentas 2012, cuyo expediente había ingresado dos días antes de la inundación del 2 de abril.

El castigo -de entre 2 mil y 3 mil pesos- recayó sobre los integrantes de esa comisión y el entonces presidente del cuerpo Javier Pacharotti, el único que acató la sanción. El argumento del Tribunal se basó en su Ley Orgánica y en la Ley Orgánica de Municipios, que prevé la obligación de la comisión de pronunciarse sobre la rendición y devolver el expediente al Concejo para su consideración en un plazo de 60 días, independientemente de que su contenido fue finalmente aprobado por ese órgano.

Pero quienes resultaron multados, entonces concejales de distintas fuerzas políticas, rechazaron de plano esa decisión del Tribunal, advirtiendo que en medio de la catástrofe natural que atravesaba la Ciudad “ningún concejal requirió el tratamiento de la rendición del año anterior” y que “los ediles estaban abocados a la emergencia y las tareas de reconstrucción” de la Ciudad. Pero, al mismo tiempo, calificando la medida como “arbitraria e irrazonable” por afectarse al reglamento interno del cuerpo deliberativo, que establece que, en caso de no expedirse sobre la rendición, se dará por aprobada.

Las impugnaciones sobre las multas, que pesan sobre la entonces presidenta de la comisión de Hacienda Lorena Riesgo, su vicepresidente Julio Irurueta y quienes eran vocales de la comisión Valeria Amendolara, Fernando Gando, Julia Larcamón, Gabriel Céspedes y Emiliano Fernández, fueron enviadas al Tribunal y contestadas en varias oportunidades durante estos tres últimos años. Pero ahora, con la sentencia definitiva por parte de esa autoridad, los sancionados se presentaron en la Justicia Contencioso Administrativa para continuar la disputa por la vía judicial.

Como se sabe, el balance contable que deben realizar los Ejecutivos municipales es enviado todos los años el 31 de marzo al Tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante para su tratamiento, que es obligatorio pero cuya aprobación no es vinculante, según consta en la legislación provincial y el reglamento interno del cuerpo.

POLEMICA

Al respecto, Riesgo explicó que el plazo de 60 días para el despacho en comisión del expendiente no había vencido, debido a la dilación de plazos provocada por la postergación del inicio de las sesiones ordinarias y el cuarto intermedio que en ese momento debió tomar el Concejo.

Y recordó que “ninguno de los 24 concejales pidió tratar el expediente, la medida es injusta y por eso, en lugar de aceptar la multa, recurrimos a la Justicia”.

Pero, además, la concejal remarcó: “Yo también me inundé, estaba embarazada de ocho meses. Debí ser hospitalizada en esos días en los que, además de damnificada por la catástrofe, nació mi hija sin tener licencia por maternidad para el trabajo en comisión”.