Mientras el gobierno dio la orden de tomar las plantas fabriles paralizadas y encarcelar empresarios, la oposición advirtió de un estallido social en Venezuela si se intenta bloquear el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. “Si ustedes trancan (obstaculizan) la vía democrática, nosotros no sabemos qué puede pasar en este país. Venezuela es una bomba que en cualquier momento puede explotar”, advirtió el sábado ante una multitud el líder opositor Henrique Capriles, quien convocó para mañana miércoles otra movilización hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cientos de afectos a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la fuerza política que agrupa a los movimientos de oposición, se concentraron en la avenida Casanova de la capital venezolana para “protestar pacíficamente” y exigirle al CNE que se pronuncie sobre la validez o no de 1,8 millón de firmas recolectadas en abril que permitirá abrir formalmente el proceso de revocatoria contra Maduro, cuyo mandato debería extenderse hasta 2018. El chavismo afirma que “no habrá referendo” revocatorio y desconoce la validez de las firmas recogidas por la oposición al asegurar que “pusieron a firmar a los muertos, a los menores de edad y a los extranjeros indocumentados”. Cualquier acto de fraude ha sido negado por la oposición.
En este marco, el gobierno oficializó ayer la declaración del “estado de excepción y emergencia económica” por 60 días en todo el territorio, una norma con la que Maduro pretende hacer frente a supuestas amenazas a su gestión. El mandatario anunció el viernes pasado su decisión de decretar un estado de excepción que le diera “el poder suficiente” para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado que se planea desde el exterior en su contra, y en el que estaría participando el ex presidente colombiano Alvaro Uribe. Esta norma da atribuciones “extraordinarias” a las autoridades para garantizar la “correcta distribución” de productos de primera necesidad. También le permite ordenar el desembolso de partidas fuera de presupuesto y aprobar contratos para la obtención de recursos financieros o “aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país” sin someterse “a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos” como la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dominado por la oposición.
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